La batería de medidas que generó el Gobierno para abrir la economía, están generando alertas en distintos sectores productivos, no sólo por el impacto económico de la mayor competencia externa desleal sino, además, por los riesgos en materia de seguridad.
Aunque la advertencia recae en un amplio universo de productos desde textil y calzado, juguetes, rodados, fármacos y alimentos, los primeros en elevar una queja antes las autoridades del Ministerio de Economía los referentes del sector eléctrico.
Las denuncias, respecto a la comercialización de productos eléctricos que “tras los correspondientes ensayos técnicos no cumplen con los Reglamentos Técnicos vigentes” se formalizaron ante la Secretaría de Comercio de la Nación, que conduce Pablo Lavigne.
La Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (Apse) fue la responsable de canalizar los reclamos del sector, particularmente de sus socios entre los que se destaca la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME); Asociación Electrotécnica Argentina (AEA); la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel); Cámara Argentina de Instaladores Electricistas (CAIE); INTI e IRAM.
La entidad fundada en 1997, bajo el auspicio de la Secretaría de Energía de la Nación, “con el objetivo de aunar esfuerzos para impulsar actividades ligadas a garantizar la seguridad de los consumidores de seguridad eléctrica”, dio el punta pie a los reclamos que crecen al ritmo del “boom” de importaciones.
Los productos fueron ensayados por el Laboratorio Lenor entidad acreditada por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) “conforme a los procedimientos técnicos aplicables según la norma correspondiente a cada producto”, aclara el texto.
De los informes de ensayo emitidos por dicho laboratorio se desprende que los productos ensayados “no satisfacen los requisitos técnicos obligatorios”, alertó Apse y advirtió que esto configura un incumplimiento de la normativa vigente y un “riesgo potencial para la seguro de las personas, bienes y animales domésticos”.
La denuncia destaca que los productos fueron adquiridos por Mercado Libre y solicita que “se dispongan las acciones necesarias para verificar la situación denunciada”. En consecuencia, solicita a la Secretaría que “se adopten medidas pertinentes en el marco de las competencias”.
Desde la cartera respondieron a El Cronista que “se da trámite a todas las denuncias que presentan los privados sobre posibles incumplimientos de reglamentos técnicos, con el objetivo de resguardar la salud y seguridad de los consumidores".
“Cada caso se analiza mediante un expediente formal, evaluando la información y documentación aportada, pudiendo requerir documentación adicional y ensayos técnicos cuando corresponde", explicaron.
Desregulación desmedida
“Chile no fabrica nada”, sin embargo, “se controla todo”, incluso, muchas certificaciones se hacen en laboratorios locales donde se revisan electrodomésticos, celulares, herramientas, juguetes que principalmente ingresan desde China. “La variedad de productos es similar a la que ingresa a la Argentina”, dijo la fuente reservada y aclaró que “acá, se perdió todo el trabajo normativo que llevó años”.
Entre los casos que mayor preocupación generan se destaca el ingreso de productos que funcionan a 110 voltios mientras que la red eléctrica estándar para uso doméstico está preparada para 220. “Lo enchufás y automáticamente se quema”, indican los expertos y aclaran que, en estos casos, se requiere de un transformador o convertidor de voltaje.
“Muchas personas usan un adaptador de enchufe pero este sólo cambia la forma de la pata, no el voltaje”, alertaron tras recibir denuncias de secadores de pelo, cafeteras o herramientas fundidas tras recibir sobretensión extrema.
Otro caso emblemático de los últimos meses es el de una reconocida empresa de impresoras que recibió pedido de garantía por una computadora bloqueada. Si bien la firma respondió, detectó que en el país se incorporó una fuente que no cumplía con sus estándares. Tras la denuncia que llegó de forma directa al despacho de los funcionarios de Comercio, se le dio de baja el CUIT al importador de la marca. Aun así, no se generó un recall para que otros consumidores revisen el producto.
Giro estratégico
El principal eje que cuestionan desde el sector privado es el control “expost” que reemplazó al que realizaba la Aduana. Aunque aseguran que la regulación en las puertas de entrada al país es una vía para la discrecionalidad y los sobornos señalan que actualmente existen vías para controlar la mercadería que ingresa al país de forma digital. “Así lo hace Chile”, plantean que la autoridad debe fiscalizar los productos antes de que ingresen al circuito comercial, no una vez que ya están en góndola.
Para lograr esta meta, se plantea la implementación de un Sistema de Control Automático en Aduanas. Este mecanismo permitiría que los sistemas aduaneros identifiquen automáticamente la falta de certificación de un producto, sin requerir la intervención discrecional de un funcionario, actuando como un “semáforo” digital de seguridad.
Una pieza clave para el funcionamiento de este sistema es la comunicación fluida entre el sistema aduanero y las dependencias técnicas.
Respecto al novedoso QR que se incorporó para el control de los productos eléctricos el cuestionamiento radica en que no se requiere a las plataformas de venta digital.
En el caso de los electrodomésticos, las verificaciones se exigen al momento del lanzamiento y a los 4 años de circulación, sin embargo, no se exige que sean realizados pon un organismo de certificación algo que genera un “gris” en materia de seguridad.
Para evitar que los importadores o fabricantes certifiquen un producto de alta calidad y luego comercialicen versiones de menor estándar, se enfatiza la necesidad de una vigilancia periódica de muestras aleatorias para su ensayo.
En síntesis, los especialistas advierten sobre la necesidad de evitar que la regulación se convierta en una barrera burocrática excesiva que ralentice los procesos de importación y desaliente la actividad. En su lugar, el foco debe estar en trabajar en certificaciones y controles que sean realmente útiles y que aporten valor tangible a la seguridad del consumidor.
Finalmente, aunque no se trata de regulatoria directa, desde las agrupaciones profesionales, agregan la falta de campañas de información para educar a los consumidores sobre la importancia de verificar las certificaciones, un eslabón clave para cerrar el círculo de la seguridad.
Respecto al procedimiento en caso de verificarse incumplimiento, desde Comercio indicaron que se deriva a las áreas competentes, que realizan las imputaciones y aplican las sanciones previstas en el Decreto Nº 274/19, la Ley Nº 24.240 y la Ley Nº 19.511, con sus respectivas modificatorias.
Respecto a la presentación de Apse señalaron que es un “trámite habitual” en el marco de los procesos de vigilancia de mercado, que “representan una prioridad para la gestión actual”.
Sin embargo, desde el sector privado aseguran que desde que cambiaron las normativas no se ha realizado ningún recall de productos.
