De querellante a defensora de CFK, la UIF sigue los pasos de la Oficina Anticorrupción

Luego de analizar 51 contratos públicos de las empresas de Lázaro Báez, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral que la investiga como jefa de una asociación ilícita por defraudar al Estado en 46.000 millones de pesos en la contratación de obras viales para la Santa Cruz. 

Fernández de Kirchner, que está procesada en esta causa y acusada de defraudación a la administración pública, siguió la audiencia en forma virtual, donde pudo escuchar que "la UIF debió desistir como querellante en la presente causa porque no se investigan en esta causa delitos de lavados de activos", según el alegato de casi dos horas que brindó Alejandro Irachet, abogado del organismo, conducido por desde hace siete meses por Juan Carlos Otero, allegado a la Vicepresidenta. Hasta diciembre del 2021, la UIF estaba conducida por Carlos Cruz, vinculado al Presidente.

Irachet cuestionó a los peritos del Tribunal Oral Federal 2 que. en apenas 5 de los 51 contratos del Grupo Austral, encontraron abultados sobreprecios, que en algunos casos llegaron a 220 millones de dólares. Eso les permitió concluir que hubo "defraudación al Estado".  El TOF 2 está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Los peritos oficiales "no explicaron válidamente ni las fundamentaron la existencia del delito, por lo que corresponde la absolución" de Fernández de Kirchner y todos los acusados en la causa y "las hipótesis delictivas por las que fueron llevados a juicio no se acreditaron", dijo el abogado de la UIF en su alegato.

Así, Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José López (ex secretario de Obras Públicas), Carlos Santiago Kirchner y Abel Fatala (ex subsecretarios de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional) fueron también absueltos en el informe del organismo dependiente del Poder Ejecutivo. 

Báez,  López, De Vido y Cristina Kirchner siguieron la audiencia que arrancó a las 9.30 con el alegato de la UIF realizado Irachet, que fue acompañado por otro abogado del organismo, Leandro Ventura. El juicio continuará el 1º de agosto con el alegato del fiscal Diego Luciani, que tendrá 9 audiencias para presentar su alegato.

Una postura similar a la UIF tomó la Oficina Anticorrupción (OA) el mes pasado, quien también anticipó que se retiraría como querellante en la misma causa. Lo hizo a través de un texto breve que envió al TOF 2 el abogado de la OA, Sergio Aleo, donde expresó que "no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita que se aparte a esta oficina del rol de querellante, oportunamente asumido".

Curiosamente, en ese escrito, los cuadros técnicos de ese organismo se desligaron de la responsabilidad en la toma de decisión ya que dejó claro que "el titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter", y por eso no había pruebas pendientes de análisis o "producción", como dijo el abogado en la nota. No sucedió lo mismo en el caso de la UIF, donde abogados del organismo pusieron para la cara para el alegato público.

Juan Félix Marteau, ex coordinador de Lavados de Activos de la UIF, no avala que el organismo intervenga en las causas penales, pero a la vez afirma que "esta gestión usa políticamente la oficina, porque si realmente estuviera en contra, enviaría un proyecto del Ejecutivo al Congreso anulando el decreto que lo permite". El abogado, que trabajó en el área tanto en tiempos de los Kirchner como de Macri asegura que "la UIF es el único organismo en el mundo que actúa como querellante y su función debe ser producir información financiera para el lavado de activos, y no ser utilizada políticamente".