Alivio fiscal

Chubut busca dar de baja un impuesto para reactivar la inversión

Se presentó un proyecto de ley para eximir del tributo a los Sellos a las operaciones de constitución y aumento de capital en empresas radicadas en la provincia patagónica

El Gobernador chubutense Ignacio Torres presentó un proyecto de ley para eximir del tributo a las operaciones de constitución y aumento de capital a empresas radicadas en la provincia, con el objetivo de "facilitar su formalización y fortalecer el acceso al crédito". 

Durante la presentación oficial del proyecto, en el marco de una jornada sobre transparencia fiscal realizada en Casa de Gobierno, Torres calificó al Impuesto de Sellos como "un tributo distorsivo que atenta contra la inversión privada" y remarcó la necesidad de "sanear nuestras sociedades para que puedan volcarse al sistema financiero".  

El objetivo es, según afirmaron desde la provincia, el de aliviar la carga fiscal sobre el sector productivo y fomentar el acceso al crédito, apuntando a incentivar la formalización de sociedades, facilitar su inserción en el sistema financiero y generar condiciones para un desarrollo económico sostenible. 

Torres sostuvo que "las pequeñas y medianas empresas son las que verdaderamente motorizarán el trabajo en Chubut" y vinculó el alivio fiscal con una estrategia más amplia para facilitar el crédito productivo.  "El acceso al financiamiento es directamente proporcional a la generación de empleo", apuntó. 

El proyecto contempla la exención total del tributo para operaciones realizadas en los próximos doce meses, y además incluye una condonación retroactiva por 24 meses.  Aplicará tanto a la constitución de nuevas sociedades como a aumentos de capital y operaciones vinculadas. El beneficio estará limitado a empresas con domicilio legal en la provincia, condición que deberán mantener por al menos cinco años. 

La iniciativa será instrumentada por la Agencia de Recaudación del Chubut, que tendrá a su cargo la reglamentación y control del nuevo régimen, mientras que la Inspección General de Justicia verificará el cumplimiento de los requisitos por parte de las sociedades beneficiarias. 

El gobierno provincial considera que este tipo de medidas contribuirá a "quitarle el pie de encima a la producción y el trabajo" y consolidar un modelo de desarrollo con reglas claras, calidad institucional y estímulos concretos para la inversión privada. 

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