Sin comunicarlo, hasta con disimulo, en el equipo económico empiezan a alentar la discusión sobre la creación de fondos soberanos por parte de las provincias que se verán beneficiadas por el boom del petróleo, el gas y la minería que ya está en marcha.
Se trata de un tema que circula por los despachos oficiales. Si bien la agenda está marcada por el debate sobre una economía partida, entre el auge del sector energético y el padecimiento de las ramas industriales, tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central procuran instalar la agenda entre los gobernadores.
La intención es que copien de alguna forma lo que han hecho distintos países con la riqueza que le entregaron de forma abrupta los recursos naturales. El modelo, como se contó en estas páginas, es el fondo del petróleo de Noruega creado en los 90 para administrar los ingresos que generó el yacimiento Ekofisk descubierto en los 60 en el Mar del Norte, de forma tal de garantizar el beneficio para futuras generaciones.
En la Argentina, de acuerdo con la Constitución, los recursos naturales pertenecen en última instancia a las provincias. Por eso, pensar en el armado de alguna estructura similar implica trabajar en proyectos locales con el apoyo de los gobernadores. Desde el Poder Ejecutivo buscaron acercar la idea a los mandatarios locales que acompañaron al presidente en la Argentina Week, en marzo pasado.
Los cálculos ponen a Neuquén como caso testigo. Con regalías petroleras del 12% para los yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, las estimaciones indican que para 2031 podría estar sumando ingresos por unos u$s 350 millones por mes. Los cálculos, sin embargo, se hicieron con un barril de petróleo a u$s 66. Si se recalcula esa cifra con el crudo a u$s 100, el monto asciende a u$s 500 millones mensuales, es decir, unos u$s 6000 millones al año, casi el equivalente a otro presupuesto provincial. Lo que se dice, un maná para las arcas locales.
Quien más ha trabajado el tema de la posible creación de este tipo de instrumentos es un abogado argentino de carrera en Estados Unidos, Conrado Tenaglia, que se empezó a interesar en el tema a partir de algunos trabajos en común con el economista Ricardo Arriazu.
Según su criterio, con esos flujos se podría constituir un fondo de manera automática en el exterior. Explícitamente desde su creación debería fijarse que no se puede usar para gastos operativos provinciales. En cambio, se debería establecer por ley que se distribuirá un porcentaje, del 3 o del 5%, por ejemplo, equivalente al rendimiento que podría generar, para proyectos seleccionados por un comité conformado por representantes provinciales, públicos y privados, aprobados por la legislatura local.
Gestionados por profesionales, en la norma que le dé origen deberían especificarse los fines para los que se podrían usar los fondos. Según Tenaglia, debería apuntarse a las áreas de Educación y Salud, con objetivos concretos de mejoras en capacidad instalada que pudieran ser medibles.
En cualquier caso, el Estado nacional debería jugar un rol para ofrecer estabilidad legislativa de largo plazo. La propuesta de Tenaglia es que haya una ley convenio junto a otras provincias que también comparten el yacimiento de Vaca Muerta que se apruebe en el Congreso nacional y que establezca que para modificarse necesita de la conformidad de todos los actores. Un mecanismo similar podría servir para otras regiones, otros distritos y otros recursos.
Con trayectoria en la colocación de deuda por parte de empresas del sector, Tenaglia también sugiere la creación de un fondo soberano para administrar la riqueza que genere el litio que se extraiga de la zona del Salar del Hombre Muerto, en el que participen Catamarca, Salta y Jujuy. Sus cálculos son que las regalías mineras de este recurso podrían sumar unos u$s 250 millones anuales también desde 2031.
En sus planes también figura la posibilidad de crear un fondo similar para la provincia de Mendoza, a medida que eventualmente genere un flujo de ingresos asociados a la actividad minera. Sería en este caso similar al Fondo para la Transformación y el Crecimiento que ya existió en la provincia, pero ya no como una vía de financiación con créditos blandos para industrias sino como un mecanismo de ahorro automático con reglas establecidas por la legislatura.
Los sondeos de la Nación tienen por ahora un resultado incierto. Tenaglia viene manteniendo también contactos informales con representantes de las distintas provincias. Se trata de un tema menos urgente que los debates por el giro de fondos para salud o educación o el calendario electoral, y eventualmente podría incluirse en alguna negociación más amplia.
La propuesta esconde un problema de base para la mirada de las fuerzas provinciales. La creación de un mecanismo de este tipo, que saque del manejo presupuestario lo que generen las regalías, implica que quien gobierna acepte atarse de manos y resigne usar ese dinero en el corto plazo, para activar el empleo con obra pública o giros discrecionales, según necesite.
Sólo debería contentarse con usar los ingresos que produzca el fondo a partir del rendimiento de sus inversiones, bajo estricto control porque todo estaría dispuesto por la legislatura. Sin embargo, hay posibilidades intermedias, como que no se destine de forma automática todo lo que se recauda de regalías si no un porcentaje que también se discuta por ley.
“El objetivo fundamental es transformar ingresos volátiles y agotables en un activo financiero de largo plazo que contribuya a suavizar ciclos fiscales y a preservar riqueza intergeneracional, orientado a la inversión en educación y salud”, explica Tenaglia.
Además de resaltar que con este tipo de proyectos se busca reducir “la discrecionalidad política sobre la apropiación corriente de las rentas”, Tenaglia sugiere que también se podría incorporar un gatillo de uso anticíclico en la norma que le dé origen al fondo. Se podría prever, dice, que en fases de contracción económica o de caída significativa de los ingresos tributarios, se habiliten retiros adicionales para sostener el ritmo de inversión en salud y educación, indica.
En su mirada, parte de la gestión de los fondos debería estar en manos de referentes de fondos de inversión de Wall Street, por un lado, más financistas también del orden local, una idea que tal vez es de lo que genera más recelos en las contrapartes provinciales. La idea de los fondos soberanos que proyecten en el tiempo la riqueza energética tiene plafón en algunos sectores de la oposición, pero que piensan en darle más representación al Estado y menos al sector privado en la toma de decisiones sobre los recursos generados.
