Blanqueo de capitales: por qué es imposible "borrar los datos"

Luego de que el presidente Javier Milei comentará en la red social X que en el Gobierno están trabajando arduamente para borrar los datos del blanqueo de capitales, el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel, salió a desmentir la posibilidad de llevarlo a cabo desde lo sistemático, lo informático y técnico.

"Es imposible, es un discurso de campaña", afirmó Michel durante la comisión de Economía del Congreso respecto a la promesa que eliminar la información de los más de 300 mil contribuyentes que ya ingresaron al Régimen de Regularización de Activos.

La afirmación del ex funcionario, que permaneció por un par de semanas en el cargo, se debe a que el sistema de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con las pistas de auditoría que tiene el E-fisco (sistema de bases de datos), retiene el backup por diez años. "Es imposible eliminar la base de datos de los sistemas del organismo. Hay pistas de auditorías y procesos, no se puede eliminar".

Pero Michel fue más allá y sostuvo que en el hipotético caso en que se pusiera un servidor especial en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en conformación, y no se permita entrar, también sería imposible. "El contribuyente que blanqueó y pasó de un patrimonio de, por ejemplo, un millón a dos millones de dólares en un año, además de sus bienes, queda el registro en el banco, no podría borrar su patrimonio".

Según pudo saber El Cronista con fuentes internas de la Casa Rosada, quienes estarían encargados de llevar a la cabo la iniciativa serían los funcionarios de la nueva Agencia. Aunque desde allí, las autoridades superiores están preocupados por destacan que no consistiría en "borrar".

Ya desde el inicio de Régimen de Regularización de Activos, altas fuentes oficiales de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pregonaban sobre el tratamiento de la información. "Somos muy celosos de toda y del blanqueo más", comentaron en su momento.

El antecedente de la filtración de Macri

Así, frente a la filtración que existió durante la gestión de Mauricio Macri y a los fines de que no vuelva a suceder, revelaron que se aseguraron de manera máxima todos los circuitos y se capacitaron a los funcionarios "para dejar en claro el secreto fiscal".

"Hay determinado grado de alertas y acceso para el personal involucrado va a depender de la necesidad de cada uno", agregaron respecto a quienes podría hacerse de la información. Una situación que debió cambiar a partir la disolución de la AFIP y el ingreso de nuevos funcionarios.

Entre ellos está la flamante cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, que saltó a la fama en el 2009 ante el operativo con las oficinas del Grupo Clarín y cuyo ascenso lo habría gestado el asesor presidencial, Santiago Caputo. Además de José Andrés Vélis en la Aduna.

La visión de los tributaristas

Para el socio del Departamento de Impuesto de Lisicki, Litvin & Asociados, Martín Caranta lo que intenta hacer el Gobierno es evitar una "expedición de pesca", evitar que se filtre la información el día de mañana ante un cambio de gestión.

Así, consideró que, por la premisa con la que trabaja el Gobierno de "cuidar a los contribuyentes", lo que se busca es proteger la intimidad y dar una mayor seguridad jurídica, aunque advirtió que más tarde o temprano en inspección "salta individualmente".

Una postura similar tuvo el socio de Expansion, Diego Fraga para quien el Gobierno busca sacarle el miedo a quienes exterioricen activos de que en el futuro se tomen represalias como paso tras el fin del Gobierno de Macri y el ascenso de los Fernández-Fernández.

Aunque, destacó, que en parte ya se consiguió ello en el capítulo fiscal con el Régimen Especial de ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) que actúa como seguro. "Es un contrato donde se paga por adelantado por cinco años o cuatro (si son los bienes que ingresaron al blanqueo), no se presenta declaración jurada y se otorga estabilidad fiscal hasta 2038", agregó.

A partir de la alícuota del 0,25% hasta ese año y con el reaseguro de que, si un próximo Gobierno no lo quiere cumplir, se generará un "crédito fiscal" por lo que se pague del nuevo impuesto patrimonial a utilizar contra otro nacional.