El megamillonario juicio por la expropiación de YPF -en el que hay una sentencia que condena al país a pagar u$s 16.100 millones- es solo la punta del iceberg. Existe una catarata de litigios judiciales contra Argentina en distintos tribunales internacionales. Aunque Economía no le da relevancia pública al tema, en Wall Stret y en bancos de inversión temen que los problemas judiciales puedan complicar una futura emisión de deuda soberana. El daño potencial que enfrenta el país en perjuicios económicos alcanza los u$s 27.000 milllones. Es casi la mitad de lo que Argentina le debe al FMI (u$s 54.000 millones). Las reservas brutas del Banco Central superan los u$s 44.000 millones. El total de depósitos en dólares del sistema roza los u$s 40.000 millones. Argentina enfrenta problemas con empresas que se dirimen en el Ciadi, el brazo del Banco Mundial dedicado a la resolución de conflictos entre empresas y estados soberanos. Hay siete casos pendientes. El país llegó a tener más de 50 frentes abiertos, pero las demandas se fueron levantando de distintas maneras. Argentina debe defenderse en pleitos de empresas, por incumplimientos de contratos de concesión, cambios en la política tarifaria o decretos que alteraron los contratos originales de ciertas concesiones. Un pedido de acceso del diario La Nación permitió marcó 236 demandas en el exterior que, en conjunto, suman al menos US$27.000 millones en los casos con montos definidos. Además del juicio de YPF, hay varias demandas por problemas en el cupón PBI. Se trata de un título público que se ofreció después del default de 2001/02. Una parte del pago del mismo estaba atado al crecimiento económico del país, a partir de la evolución que registraba esa variación en el Indec. Pero el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, realizó una manipulación estadística de esos datos. De esa forma, el crecimiento que declaraba el organismo estadístico era menor al que se obtenía por otros indicadores. Eso genera varias demandas de tenedores de esos bonos en tribunales estadounidenses y también europeos. La Procuración del Tesoro y el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía tramitan estos casos. Procuración lleva 36 causas, donde concentra su esfuerzo. El total de litigios contra el país supera los 200 pleitos. Hay remanentes de deuda pública impaga, controversias por cambios regulatorios, estatizaciones, ruptura de contratos de servicios públicos y reclamos de inversores que acudieron a tribunales o foros arbitrales en el exterior. La herencia de la crisis de 2001 sigue siendo uno de los principales orígenes de esta maraña judicial. En paralelo, existe otra demanda de peso en Nueva York, donde una resolución judicial habilitó a ciertos acreedores a embargar activos soberanos por unos u$s 310 millones, depositados en una cuenta del Banco Central en la Reserva Federal. El Gobierno depositó una garantía de US$325 millones en marzo de 2024 para seguir litigando, aunque ese dinero fue ejecutado en febrero. Ex procuradores del Tesoro y especialistas en litigios internacionales advirtieron que estas causas pueden complicar futuras emisiones de deuda, reestructuraciones o negociaciones financieras, ya que las sentencias adversas suelen venir acompañadas de cautelares y otras medidas que traban operaciones del Estado. Al margen de YPF, los principales reclamos de empresas provienen de concesiones de autopistas, compañías extranjeras de generación eléctrica y hasta un proyecto inmobiliario. También quedaron remanentes de la estatización de las AFJP. *Nationale-Nederlanden Holdinvest fue accionista de Origenes, una AFJP donde el accionista mayoritario era el grupo Banco Provincia. La firma neerlandesa pide una compensación de u$s 157 millones. El último avance fue en febrero 2026. *WeBuild posee los activos de la italiana Impregilo. Tiene dos casos abiertos: uno por Autopistas del Sol -que tenía la concesión de la Panamericana- y otro por Caminos del Litoral. Reclama más de u$s 115 millones. *La malaya IJM Corporation Berhad fue accionista del Grupo Concesionario Oeste (GCO), la empresa que explotaba el acceso Oeste. Tenía un 20%. Durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un reconocimiento de esas concesiones, pero la administración posterior (de Alberto Fernández) desconoció esos arreglos y procedió a revisarlos. Pide cerca de u$s 47 millones. *La española Abertis también tiene conflictos abiertos tanto por Grupo Concesionario del Oeste como por Autopistas del Sol. Está esperando cobrar cerca de u$s 300 millones. *BA Desarrollo querella por un desarrollo inmobiliario. Compró un terreno en Catalinas, al Estado nacional, que nunca pudo escriturar. El millonario brasileño Edmond Safra es el inversor principal. *La estadounidense AES Corporation posee una de las demandas más grandes, ya que supera los u$s 1800 millones. La multinacional eléctrica tenía participación accionaria en Central Térmica San Nicolás, Hidroeléctrica Río Juramento, la Hidrotérmica San Juan, Alicurá, AES Paraná, TermoAndes, Central Dique, y en las compañías de distribución eléctrica EDES, EDEN y EDELAP. La compañía fue cediendo esos activos. Su reclamo al país data desde 2002. También está pendiente un reclamo relacionado por Aerolíneas Argentinas. Está en cabeza de la sociedad Teinver. Esa firma se quedó con la quiebra de Marsans, que fue la última accionista de Aerolíneas Argentinas. El Estado nacional tomó el control de la empresa y el accionista privado reclama. También hay un pedido de Orazul International España Holdings por US$667,3 millones. Durante los 90, Argentina firmó varios acuerdos de protección recíproca de inversiones (con España, Estados Unidos), que habilitaron a empresas extranjeras a litigar en foros internacionales como el Ciadi. Para despejar esos fantasmas, el Gobierno insiste que todo cambió y fomenta el RIGI. Allí se promete estabilidad jurídica para las inversiones, para que no enfrenten riesgos de repetir esas experiencias anteriores.