

Luego de que la oposición juntara los números para suspender el servicio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se hará cargo del sistema de acarreos hasta que se produzca la nueva licitación y se firmen nuevos contratos.
Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, confirmó en conferencia de prensa la estatización del servicio: "La ciudad ha decidido hacerse cargo del servicio de acarreo de manera transitoria hasta tanto termine el proceso de licitación y el nuevo concesionario entre en funciones".
La decisión se aceleró luego de que Elisa Carrió, jefa política de la Coalición Cívica, adelantara que los cuatro legisladores de su partido se sumarían al "Frente anti grúas" que conformaron los opositores tanto kirchneristas, libertarios y de izquierda.
Entre estos tres partidos alcanzaban 28 miembros de la cámara y les restaban conseguir tres: con la confirmación de Carrió superaban el quorum necesario y estaban en condiciones de suspender el servicio de acarreo.
Un mes atrás se conoció que los contratos vigentes desde 2001 ya no estaban vigentes y que las dos empresas que realizaban el servicio, Dakota-STO y BRD-SEC, tan solo pagaban un canon de $55.000 de manera mensual: al año serían $ 660.000 y se estima que en total recaudaban más de $ 800 millones.

La Ciudad se hará cargo del acarreo de autos
Miguel detalló que "la Ley 6353 del 2020 le da un plazo al gobierno de 2 años para adjudicar un nuevo servicio y sistema de acarreo y ese plazo vence el 4 de diciembre de este año, del 2022".
Al no saber si el proceso de licitación culminará antes de esa fecha, el jefe de Gabinete porteño confirmó que la Ciudad se hará cargo del servicio que hoy cuesta $ 6525 para recuperar el auto más el costo de la multa que aplica la Ciudad.
"Si bien ese proceso de licitación ya está en marcha, como no es seguro que lleguemos al 4 de diciembre con todo este proceso concluido y con el concesionario ya en funciones, es que veníamos trabajando con el gobierno, con los referentes de Juntos por el cambio de todo el interbloque de la Legislatura, en una modalidad que nos permitiera recorrer esta etapa de transición", reveló Miguel.
De esta manera, el oficialismo porteño intenta sacarle la victoria legislativa que iba a significar para la oposición juntar los números necesarios para suspender el servicio y también eludir una de las consecuencias que trajo la pelea interna en Juntos por el Cambio.












