Un mes y medio después del pedido explícito de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Congreso, el oficialismo presentó finalmente un proyecto para regular los piquetes y permitir la libre circulación durante las manifestaciones. Lo hizo con la firma de un diputado emblemático del Frente para la Victoria (FpV), Carlos Kunkel, y siguiendo a grandes rasgos la línea que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ya estableció para gestionar esa forma de protesta. La iniciativa se ganó el inmediato rechazo de algunas fuerzas de la oposición, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y el PRO. Llamativamente, la diputada macrista que había aplaudido de pie a la Presidenta cuando reclamó regular los piquetes, Laura Alonso, fue quien consideró ayer que el proyecto K es inconstitucional. El texto fue denominado Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas y, en su punto más controversial, propone distinguir entre protestas legítimas e ilegítimas. Las segundas serían las que corten calles, afecten servicios esenciales o no cumplan los requisitos de avisar con 48 horas de anticipación, especificar horario, lugar y motivo, además de designar un delegado para dialogar con las autoridades. En los casos de protestas consideradas ilegítimas, personal civil del Ministerio de Seguridad deberá dialogar con los manifestantes, intentar disuadirlos e identificar las demandas para su canalización. Esa instancia tendrá un plazo máximo de dos horas y, de fracasar, habilitará la acción de las fuerzas de seguridad para que dispersen la protesa. Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objetivo de garantizar esos derechos, detalla el texto, que advierte que el uso de la fuerza pública deberá ser gradual y limitado a su mínima expresión. Además, establece expresamente que ningún arma, letal o no, puede ser disparada directamente hacia los manifestantes. En cambio, solo serán consideradas legítimas las manifestaciones que sean informadas con anterioridad al Ministerio de Seguridad y no impidan la circulación total de personas o vehículos ni el funcionamiento de servicios públicos. En esos casos, el proyecto establece que el Estado deberá garantizar el desarrollo de la protesta. No estamos en contra de la protesta social ni del derecho a peticionar. Nunca podríamos hacer eso porque somos peronistas. Queremos darle un ordenamiento para que no se produzcan hechos que afecten los derechos de los demás, sostuvo ayer la secretaria parlamentaria del bloque oficialista en Diputados, Teresa García, quien es coautora del proyecto junto a Kunkel, Sandra Mendoza, Diana Conti, Gustavo Martínez Campos, José María Díaz Bancalari y Juan Manuel Pedrini. La iniciativa fue girada a la comisión de Seguridad Interior, que preside el propio Kunkel. La macrista Alonso fue una de las primeras en cuestionar el proyecto. Para Kunkel, hay manifestaciones legítimas e ilegítimas. De movida y sin mucha vuelta, es inconstitucional, sostuvo en su cuenta de la red social Twitter, donde cuestionó que la iniciativa le dé al Ejecutivo la potestad de decidir si una manifestación es legítima o no. También los diputados del FIT rechazaron la propuesta. Es un proyecto reaccionario que intenta cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos de lucha. Vamos a convocar a las organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote, advirtió el diputado Nicolás Del Caño.