Todos conocemos la fatiga pandémica. Y los chilenos conocemos, además, la fatiga constitucional. Luego del 'estallido social' de octubre de 2019, un 80% de los votantes decidió iniciar un proceso para tener una nueva Constitución, ahora redactada en democracia y que reemplazara a la de 1980, escrita durante la dictadura de Pinochet y reformada en 2005 bajo la administración de Ricardo Lagos. Pero ya vamos en el segundo intento. El primero fracasó cuando en septiembre del año pasado, un 62% de los votantes determinó rechazar la propuesta redactada por la Convención Constitucional. Así, Chile se sumó al pequeño 6% de países que han rechazado una propuesta de Constitución en un referéndum democrático.

A partir de entonces comenzó un arduo y frágil proceso de negociación que concluyó con un nuevo proceso, ahora definido bajo reglas muy distintas. La primera diferencia es que el cuerpo electo (Consejo Constitucional) no trabajará sobre una hoja en blanco, sino sobre un borrador elaborado por una Comisión Experta designada por el Congreso. Esa etapa concluyó el 6 de junio pasado. La segunda es que el quórum de aprobación de las normas constitucionales baja de 2/3 a 3/5. La tercera es que existirá una votación final en cada fase de redacción del texto completo y no solo de las normas individuales. La cuarta es que la Constitución deberá contener algunos elementos mínimos, llamados bases constitucionales, cuya ausencia puede ser reclamada ante un ente externo de carácter técnico. La quinta es que frente a diferencias de opinión entre el Consejo Constitucional y la Comisión Experta, la balanza está levemente inclinada a favor de esta última.

El proceso anterior fracasó por varias razones, pero una central: el carácter partisano de su propuesta y lo alejado de su contenido del sentido común del cuerpo político chileno. Todos los chilenos nos preguntamos ahora si esta vez tendremos éxito. Las reglas del proceso parecen dar suficientes garantías de alcanzar un texto no partisano y de aprobación amplia y masiva, pero estamos con fatiga constitucional. Eso se ha traducido en un alto nivel de desconfianza sobre el proceso en general y bajo interés por su devenir. Una riesgosa combinación, que se traduce en desinterés escéptico. Se agrega a eso que el Consejo Constitucional quedó bajo control de un solo sector político (al igual que en el proceso anterior, solo que ahora del signo opuesto), esta vez de derecha. Y, además, un partido nuevo de extrema derecha logró escaños suficientes para tener poder de veto. Si el texto ahora resulta también partisano podría ser nuevamente rechazado.

El trabajo de la Comisión Experta fue excepcional en términos de forma y fondo. Hubo asperezas, pero nunca se perdió el espíritu cívico, y el texto acordado genera consenso político transversal. Pero fuerzas en el Consejo Constitucional han manifestado interés en "desafiar" ese texto. Como recién comienza su trabajo, no sabemos a ciencia cierta todavía si primará el ánimo de acuerdos amplios o la tensión de las convicciones irreconciliables. Tienen tiempo solo hasta el 17 de noviembre para procesar sus diferencias y proponernos un nuevo texto a ser plebiscitado el 17 de diciembre.

El Consejo Constitucional tiene el desafío de no aumentar la fatiga constitucional, volver a generar interés positivo de los chilenos en el proceso, plantear un texto que genere adhesión amplia en la población y nos permita dejar atrás la disputa constitucional. Si no lo logra, entraremos en un camino que pocos hoy se atreven a perfilar. De la fatiga podemos pasar a la saturación.