En los últimos años, el debate sobre las empresas de propiedad estatal en Argentina estuvo dominado casi exclusivamente por una pregunta: ¿cuánto cuestan? El impacto fiscal ocupó el centro de la escena y desplazó otras discusiones igual de relevantes para comprender el funcionamiento de estas organizaciones: cómo se gobiernan, cómo toman sus decisiones, y qué información ponen a disposición de la ciudadanía para rendir cuentas sobre su funcionamiento.
Hoy esas preguntas adquieren una importancia todavía mayor. Las empresas públicas nacionales atraviesan un proceso de transformación profundo. Reestructuraciones, cambios organizacionales, redefiniciones de funciones, concesiones, procesos de privatización y, en algunos casos, de cierre, forman parte de una agenda que está reconfigurando el rol del Estado empresario. Sin embargo, cualquiera sea el camino elegido, existe un principio que no debería quedar al margen de la discusión: los procesos de transformación requieren más transparencia, no menos.
La transparencia suele asociarse con el control de la gestión pública, pero en momentos de cambio cumple un papel aún más amplio. Reduce la incertidumbre, fortalece la confianza en las instituciones y permite que la ciudadanía, los organismos de control y otros actores involucrados conozcan cómo se toman las decisiones y cuál es la situación de las organizaciones.
Cuando las empresas administran recursos públicos y prestan servicios estratégicos, disponer de información oportuna y de calidad deja de ser una práctica deseable para convertirse en una condición indispensable de buena gobernanza.
Las empresas de propiedad estatal desarrollan sus actividades en sectores estratégicos como la energía, el transporte, el agua y saneamiento, las comunicaciones y los servicios financieros. Son organizaciones que administran activos relevantes, movilizan importantes recursos públicos y generan impactos directos.
Al mismo tiempo, enfrentan un desafío particular: compatibilizar objetivos de interés público con criterios de eficiencia y sostenibilidad económica. Esa complejidad exige mecanismos de rendición de cuentas que permitan comprender no solo cuánto cuestan, sino también cómo funcionan, cuáles son sus objetivos, qué resultados obtienen y cómo administran los recursos públicos.
En este escenario, la transparencia deja de ser únicamente una obligación legal para convertirse en una herramienta de gestión. Publicar información clara y actualizada fortalece la rendición de cuentas, brinda trazabilidad sobre las decisiones, mejora la supervisión por parte del Estado como propietario y genera mayor previsibilidad para todos los actores involucrados. En procesos de transformación, además, permite reducir los costos asociados a la incertidumbre y construir confianza alrededor de decisiones que, por su naturaleza, suelen ser complejas y generar controversias.
En esta línea, desde 2021 CIPPEC mide el Índice de Transparencia de Empresas de Propiedad Estatal (ITEPE), una herramienta que evalúa la calidad y disponibilidad de la información que las empresas públicas nacionales ponen a disposición de la sociedad. El objetivo del índice es generar evidencia, identificar buenas prácticas e incentivar mejoras continuas en materia de transparencia activa.
Los resultados muestran un impacto positivo: desde la primera edición del índice, el desempeño promedio de las empresas públicas nacionales pasó de 42,5 a 59,3 puntos sobre 100, lo que representa una mejora cercana a veinte puntos.
Al mismo tiempo, la cantidad de empresas con niveles altos de transparencia se duplicó, mientras que aquellas con desempeños bajos se redujeron significativamente. Detrás de esos números hay organizaciones que comenzaron a publicar información que antes no estaba disponible, actualizaron sus portales institucionales y adoptaron estándares más exigentes de divulgación.
La evolución del ITEPE demuestra que medir importa. Los índices no producen cambios por sí solos, pero generan incentivos, permiten comparar desempeños, visibilizan experiencias exitosas y ofrecen una referencia objetiva para orientar políticas de mejora. Cuando las organizaciones saben qué se espera de ellas y cuentan con criterios claros para evaluar su desempeño, resulta más probable que incorporen la transparencia como parte de su gestión cotidiana y no solo como una exigencia formal.
El reto de los próximos años ya no consiste únicamente en publicar más información, sino en garantizar que sea completa, actualizada, comparable y útil para evaluar la gestión y fortalecer la toma de decisiones.
La experiencia internacional avanza en esa misma dirección. Las recientes Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo de Empresas Públicas destacan que la transparencia constituye uno de los pilares de una buena gobernanza y ponen el foco en la calidad, oportunidad y utilidad de la información, más allá del cumplimiento formal de las obligaciones normativas. La transparencia deja de entenderse como un requisito burocrático para convertirse en un activo estratégico que fortalece la confianza y mejora el funcionamiento de las organizaciones.
Los procesos de transformación generan expectativas, incertidumbres y debates sobre el futuro de las empresas públicas. Pero cualquiera sea el modelo de gestión que se adopte, la disponibilidad de información pública, clara y de calidad constituye un piso mínimo para que esas decisiones puedan ser comprendidas, evaluadas y legitimadas por la sociedad.
La experiencia del ITEPE demuestra que es posible avanzar cuando existen herramientas de medición consistentes y una agenda sostenida de mejora. La transparencia no resuelve por sí sola los desafíos que enfrentan las empresas públicas, pero sí crea mejores condiciones para abordarlos. En tiempos de cambio, transparentar no significa simplemente informar más. Significa fortalecer la confianza, mejorar la gobernanza y construir decisiones públicas más sólidas y legítimas.