El debate sobre la edad de imputabilidad penal en Argentina vuelve a poner sobre la mesa una cuestión sensible y compleja: ¿a partir de qué edad una persona puede ser juzgada penalmente como responsable de un delito?
Esta discusión, que combina aspectos jurídicos, psicológicos, sociales y políticos, ha sido reavivada en las últimas semanas con la inclusión del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación convocadas para febrero de 2026.
¿Qué es la edad de imputabilidad?
La edad de imputabilidad penal es la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada responsable penalmente por la comisión de un delito. En términos prácticos, es el límite por debajo del cual una conducta delictiva de un menor no puede ser juzgada dentro del sistema penal ordinario.
En Argentina, la legislación vigente establece que las personas menores de 16 años no pueden ser penalmente imputadas. Esto significa que si un niño o niña comete un delito antes de esa edad, no puede ser juzgado penalmente ni condenado, aunque puedan aplicarse medidas protectoras bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Los adolescentes de 16 y 17 años, en cambio, pueden ser imputados, aunque bajo un régimen especial y con limitaciones, particularmente dependiendo de la gravedad del delito y del proceso penal previsto para menores.
¿Qué propone el nuevo proyecto?
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que será debatido en el Congreso busca modificar la edad de imputabilidad, junto con establecer reglas específicas sobre cómo tratar penalmente a los adolescentes que cometan delitos graves.
- Edad propuesta
En términos generales, la iniciativa oficial establece que el nuevo régimen se aplicaría a adolescentes de entre 13 y 18 años. Eso implicaría bajar la edad mínima desde los actuales 16 años a un rango que incluye a quienes tienen 13 años cumplidos.
Es importante señalar que, en el debate parlamentario, distintos bloques y sectores políticos han propuesto edades diferentes: algunos referentes sugieren fijar el piso en 14 años para facilitar consensos legislativos, otros han planteado incluso propuestas más bajas en líneas discursivas, pero el proyecto oficial presentado contempla a los 13 años como límite principal.
¿Qué cambios introduce el proyecto más allá de la edad?
La reforma proyectada no se limita a modificar un número: propone un sistema integral de responsabilidad penal juvenil, con principios rectores y mecanismos de ejecución que buscan combinar sanción con educación y reinserción social.
Entre los principales elementos se encuentran:
- Finalidad declarada
El texto legal establece que la finalidad del nuevo régimen es “fomentar la responsabilidad legal del adolescente por sus actos”, sin perder de vista objetivos de educación, resocialización e integración social de los jóvenes involucrados en hechos delictivos.
- Prohibiciones importantes
El proyecto prohíbe expresamente que los adolescentes sean detenidos junto con adultos en lugares comunes de detención. Asimismo, toda privación de la libertad debería realizarse en institutos especializados o en espacios separados dentro del sistema penitenciario, bajo personal capacitado y con un enfoque educativo y formativo.
Otra prohibición relevante es la de la prisión perpetua para adolescentes, fijando un tope máximo de 20 años de privación de libertad. Esto significa que, incluso en los casos más graves, no se aplicarían penas superiores a esa duración.
- Sustituciones de pena
El proyecto también habilita la posibilidad de sustituciones parciales de la pena, una vez cumplidos dos tercios de la condena, mediante esquemas de cumplimiento alternativo. Estas formas alternativas de cumplimiento estarían sujetas al control judicial y evaluación técnica, con un enfoque en la reinserción social.
- Intervención estatal integral
A diferencia de un sistema centrado únicamente en sanciones penales, el régimen propuesto busca consolidar un modelo de control estatal permanente, que articule:
- Intervención judicial
- Dispositivos educativos
- Políticas de reinserción social
- Atención profesional especializada
¿Por qué se debate ahora?
La decisión de incluir este proyecto en el temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación responde a una agenda política que prioriza la discusión de temas vinculados a seguridad y justicia en el presente contexto legislativo.
Además del proyecto oficial, existen otros textos legislativos que han sido presentados o debatidos en comisiones, algunos proponiendo fijar la edad de imputabilidad en 14 años, lo que refleja la existencia de diferentes posiciones dentro del propio arco parlamentario.
El debate también está atravesado por acontecimientos sociales que han reavivado la atención pública sobre el tema de los delitos cometidos por menores, aunque analistas señalan que las respuestas exclusivamente punitivas no necesariamente solucionan los problemas de fondo.
¿Cómo se compara Argentina con otros países?
La edad de imputabilidad penal varía considerablemente a nivel internacional, y no hay un consenso global único:
- En Uruguay la edad mínima es 13 años.
- En Paraguay es 14.
- En México puede ser tan baja como 12 años en algunos estados.
- En España e Italia se fija en 14 años.
- En Francia, también en 13 años.
Los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han recomendado que los países establezcan edades mínimas de responsabilidad penal que respeten principios de protección integral, con énfasis en la no regresividad (es decir, no disminuir más allá de ciertos estándares) y en que se garantice siempre el tratamiento especializado y diferenciado para quienes aún son menores de edad.
¿Cuáles son los argumentos centrales en el debate?
- A favor de bajar la edad
Quienes apoyan la reforma sostienen que la normativa vigente —derivada de leyes de hace décadas— no refleja la realidad actual, en la que adolescentes pueden tener mayor capacidad de comprensión y participación en actividades delictivas graves, y que el sistema necesita herramientas actualizadas que permitan responder a estos hechos con mecanismos de responsabilidad penal claros.
- En contra o con reservas
Los sectores críticos recuerdan que bajar la edad de imputabilidad por sí sola no soluciona problemas estructurales vinculados a la criminalidad juvenil. Señalan que se requieren políticas sociales, educativas y de inclusión más profundas y que además hay que garantizar que los mecanismos de justicia respondan a los principios de protección de derechos humanos.
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina es un tema técnicamente complejo y socialmente profundo. No se trata únicamente de fijar un número, sino de pensar en cómo estructurar un sistema que garantice justicia, derechos, seguridad y oportunidades de reinserción para adolescentes que se vean involucrados en el delito.
El proyecto que ahora se debatirá en el Congreso combina propuestas de reducción de la edad mínima con un enfoque integral que abarca principios procesales, ejecuciones diferenciadas, límites a las penas y medidas orientadas a la educación y resocialización.
Más allá de las decisiones que adopte el Parlamento, la discusión seguirá más allá de las cámaras legislativas. Existe un consenso generalizado en que cualquier reforma en esta materia debe equilibrar justicia y protección de derechos, así como contar con los recursos institucionales necesarios para asegurar su eficacia.
