Aunque la Argentina es un país que supo disfrutar del autoabastecimiento energético y que se dio hasta el lujo de exportar gas a Chile, la posibilidad de calefaccionar y cocinar con ese recurso alcanza a dos tercios de la población. De los hogares restantes, 10% usan garrafas y el resto, solo electricidad. Como es fácil imaginar, los que pueden utilizar este beneficio sin problema son los habitantes del área metropolitana, porque es la región en donde la red de distribución está más completa. Donde más se lo necesita y menos se lo dispone es en el interior.
Por eso algunos de los fundamentos de la ley que pretende aprobar el Senado mañana, van en contra de los intereses de aquellos que en teoría deben ser defendidos por los legisladores.
Los principales interesados en que haya una expansión concreta del servicio de gas son los gobernadores y los intendentes, porque es en sus distritos donde hace falta expandir la red de distribución con más urgencia. Los jefes comunales son los más ansiosos por saber cuándo pasará el caño por su pueblo, porque de eso depende que puedan habilitar la nueva escuela o las viviendas sociales que tienen para entregar.
Las obras en marcha no están proyectadas con fondos públicos. Son parte de los planes de expansión del servicio que se comprometieron a hacer las empresas concesionarias, en paralelo a la revisión tarifaria. Si se da marcha atrás con los aumentos, la pérdida de recursos que tendrán los privados forzará un recorte en las inversiones.
En materia de electricidad, las provincias son responsables en muchos casos de prestar el servicio. Y en el pasado no tuvieron problema en aumentar la tarifa con tal de evitar que se profundice su déficit.
El país consume más energía de la que produce, y la paga menos de lo que sale producirla, transportarla y distribuirla. Un caso más en el que nadie quiere hacerse cargo de la brecha.
