La extraña muerte del fiscal Nisman, luego que denunciara a la Presidenta y otras autoridades por el encubrimiento del más grave atentado terrorista ocurrido en el suelo argentino, ha conmocionado a toda la sociedad.

El suceso casi monopoliza las redes sociales y los medios de opinión. Al mismo tiempo cunde la desazón y la impotencia. Según una encuesta reciente, más del setenta por ciento de los argentinos cree que todo quedará impune.

No es de extrañar este desánimo. Los sucesos que nos ocupan parecen ser el colofón macabro de una multiplicidad de medidas recientes impulsadas desde el Gobierno y destinadas a modelar una justicia a su medida: la reforma del Código Procesal Penal sin consenso, el nombramiento irregular de fiscales, las sanciones y ataques a jueces y fiscales que se atrevieron a investigar al gobierno y sus amigos, las reformas al Consejo de la Magistratura. La lista sería interminable.

Al mismo tiempo nos fuimos acostumbrando, poco a poco, a enterarnos como, sistemáticamente, el aparato de inteligencia estatal interfería y hasta cooptaba áreas del Poder Judicial. Una práctica prohibida por la ley y propia de los regímenes autoritarios.

Que la trágica muerte de Nisman nos haga despertar.

Es imprescindible esclarecer las circunstancias de su muerte tanto como profundizar la investigación de su denuncia sobre encubrimiento del atentado. Pero también es imprescindible terminar con la injerencia malsana del aparato estatal de inteligencia sobre la justicia.

Nuestro país se encamina, en breve, a un recambio presidencial que la mayoría del pueblo argentino aspira a que se convierta en un cambio de época.

Parte fundamental de ese cambio es satisfacer la demanda generalizada de justicia, que abarca, desde terminar con la impunidad del poder, hasta proteger la seguridad cotidiana de los ciudadanos para vivir en paz.

Para ello es necesario realizar, mediante un amplio consenso de las fuerzas democráticas, una profunda reforma que transparente el aparato estatal de inteligencia que hoy está fuera de control y que dé las garantías e instrumentos legales necesarios para el pleno funcionamiento independiente del Poder Judicial. Si lo logramos, la República le habrá ganado al miedo y la desazón.