Enfoque

¿Nadar o flotar con la corriente en el 2023?

Con el 2021 también finaliza la prorroga, que nos dio la pandemia y el año electoral, al reparto de costos de la crisis de deuda externa. De ahora en adelante, la economía va a estar caracterizada por la conflictividad; esa que implica iniciar un camino sostenido de reducción del déficit fiscal y acumulación de reservas internacionales. No hay dólares ni gasto público suficientes para satisfacer las múltiples demandas. La prohibición de financiar viajes al exterior a través de agencias de turismo es un claro ejemplo de esta situación. ¿Entonces qué esperar para los próximos meses?

Hasta que no haya un acuerdo con el FMI, la profundización del cepo cambiario va a ser una constante. Hoy es la única herramienta con la que cuenta el gobierno para evitar un salto en el valor del dólar. El tipo de cambio real multilateral acumula este año un 20% de apreciación. Una dinámica que no es sostenible. Pero devaluar sin un plan es más costoso. Y para eso, primero tiene que acordar con el FMI. Párrafo aparte para una situación dura para el oficialismo: así como ya pasó en otros momentos de nuestra historia, desde 2018 y por los próximos diez años, las decisiones del equipo económico están condicionadas a los ojos del organismo multilateral.

El principal interrogante es el día después, cómo va a transitar el Gobierno los dos años que lo separan hasta las elecciones de noviembre de 2023. Tiene el doble desafío de ajustar y, al mismo tiempo, generar las condiciones para pelear una reelección. Ante este dilema, podemos trazar a grandes rasgos dos opciones: flotar o nadar.

Si decide flotar, vamos hacia un camino parecido al que intentó entre fines de 2020 y junio del corriente año. En esencia, sería realizar leves correcciones apoyado en los precios altos de las commodities. Esto, sin cambios profundos, le permitiría llegar a 2023 con una economía con un leve crecimiento y cumpliendo las metas acordadas con el FMI. Es una estrategia conservadora, más lógica desde lo político, pero poco eficiente desde lo económico. En particular, porque la inflación difícilmente perfore el piso del 45% anual, y tampoco se generarían las condiciones para que eso cambie hacia adelante. Esto es un impedimento para que el salario registrado recupere el 16% que perdió si comparamos septiembre de este año versus 2017 (descontada la inflación).

La necesidad de evitar acrecentar aún más la inercia inflacionaria obligaría al Gobierno a no convalidar paritarias muy por encima del aumento de los precios. El dólar volvería a aumentar a un promedio mensual en línea con la inflación, y similar a la tasa de depreciación entre octubre del año pasado y febrero último. Esta política, junto a otras medidas, le permitió al gobierno reducir la brecha cambiaria hasta un piso de 60% durante marzo y abril, después de haber alcanzado dos veces ese porcentaje meses antes.

Al mismo tiempo, el déficit fiscal primario iniciaría un descenso, sostenido el primer año principalmente por la reducción de los subsidios económicos. En Analytica estimamos que aumentar la tarifas en promedio 155% para el 50% de los hogares de mayores ingresos, permite un ahorro de 0,7% puntos del PBI. Acorde a la reducción del déficit que figura en el presupuesto y sostuvo Guzmán en su visita al Congreso. El gasto público no se modificaría en términos reales en la mayoría de las partidas. La excepción puede estar en el gasto en programas sociales, como por ejemplo el Argentina Trabaja, que si el empleo continúa recuperándose puede, al igual que este año, bajar. Por caso, a noviembre representó 1,4% del PIB, la mitad respecto al porcentaje que alcanzó en 2020, pero 0,8 puntos porcentuales más que en todo 2019. Para 2023 el gasto social puede continuar por encima de los registros de la gestión de Cambiemos, pero con una reducción que se ajuste a las metas del Fondo.

Ahora bien: ¿Qué otra opción tiene el Gobierno? El escenario que denomino nadar, puede ser más redituable en términos económicos y políticos. Hoy la política más progresiva es estabilizar la macro. El problema es que un programa mal administrado puede hacer que el gobierno llegué en peores condiciones al 2023. Cómo en las finanzas, más rédito implica más riesgo.

Principalmente, porqué se requiere un salto del tipo de cambio que permita reducir la brecha cambiaria a mínimos y recuperar el terreno perdido en el tipo de cambio real multilateral. Un target plausible de brecha es 35%. Este porcentaje logró el anterior gobierno kirchnerista entre marzo y mayo de 2014, después de devaluar 32% el peso entre noviembre de 2013 y los cuatro meses siguientes. La dificultad, es que los precios aumentarían a tasas más altas durante los primeros meses, y a diferencia de 8 años atrás, hoy el deterioro social es mucho mayor. Por caso, la devaluación del 39% entre agosto y septiembre de 2018, aumento la inflación mensual promedio en 2,5 puntos . durante tres meses.

Al mismo tiempo, la política monetaria debería ser más contractiva. El Central subiría la tasa de referencia (Leliqs) hasta niveles reales positivos - replicando lo que ya están haciendo los países de la región- a la par de un mayor desarme del cepo cambiario. La reducción del déficit fiscal puede ser, en cantidad, similar a la del escenario mencionado previamente. Pero para compensar a los sectores más golpeados ante políticas más contractivas, debería mantener el gasto en programas sociales y compensar con reducciones en otras partidas. Una forma de hacer eso, es modificar estructuras de recaudación y prestaciones de seguridad social para dotarlas de mayor progresividad. Al clásico mecanismo de no actualizar las escalas de ganancias, el gobierno podría agregar revertir inequidades como jubilaciones de privilegio o exenciones impositivas poco eficientes. Más allá de su impacto fiscal, estás medidas serían señales de que el ajuste del Fondo no cae, como siempre, en los que menos tienen.

Nadando o flotando, hoy no hay condiciones para pensar escenarios de shock hasta el 2023. El gran interrogante es cuánto está dispuesto a arriesgar el Gobierno para sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Por decisión propia o imposición del contexto, la estrategia de flotar ya la usó en el pasado y los resultados no fueron los deseados. El problema es que con una tasa de pobreza en 40% y de inflación en 50%, no hay margen para planes fallidos.

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