El debate que abrió el Gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas parte del deseo oficial de que se instaure un clima de "normalidad", en el que tanto los funcionarios de Cambiemos como las instituciones involucradas, puedan abordar temas que no estaban en la agenda porque siempre había urgencias que resolver, y porque no era el momento adecuado para sacudir la discusión política y poner en riesgo sus propias alianzas.
Desde la conferencia de prensa que dio en Olivos, está claro que el equipo de Mauricio Macri busca resucitar asignaturas pendientes. En algunos casos, por necesidad, como la ley de financiamiento a los partidos políticos (es la respuesta a la denuncias de aportes truchos que golpeó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal), y en otros por conveniencia, porque fuerzan a sus opositores a actualizar la grieta.
Todavía es temprano para aventurar cuánto tiempo puede durar este tema en el debate público. El decreto que anticipó el Presidente reordena las tareas que pueden realizar los militares, tratando de modificar por un lado la lógica territorial con la que fueron creadas las FF.AA., y aprovechando a la vez para generar ahorros con el uso de estructuras compartidas.
Suena vetusto mantener regimientos de tanques en Azul o Olavarría, o una brigada aérea en San Luis, por caso. Su desplazamiento no debería preocupar a los organismos de derechos humanos, ya que implica consolidar aún más la prohibición de intervenir en asuntos interiores. Del mismo modo, el kirchnerismo tampoco debería cuestionar la participación de los militares en patrullajes fronterizos, ya que la promovió en 2011 (el Ejército hasta decomisó droga).
La Argentina probará en las próximas semanas si la "normalidad" con la que busca oxigenarse la Casa Rosada le permite sostener estas preocupaciones, mientras políticos y analistas solo piensan en cuánto tiempo durará la paz cambiaria y cómo alistarse lo mejor posible para el ciclo electoral 2019.
