Enfoque

¿La reforma de Biden influirá en América Latina?

La "cuestión Justicia" es, desde hace ya tiempo, uno de los núcleos centrales del debate en torno a la calidad de la democracia. No hay prácticamente país en el mundo que no reconozca hoy la importancia y urgencia de las reformas judiciales, como paso previo para el avance hacia cualquier tipo de reformas estructurales. Un poder judicial reactivo, abroquelado en posiciones corporativas, centrado exclusivamente en su autodefensa, es un aliado obstáculo cierto para cualquier avance en reformas de mayor envergadura, por importantes que sean los consensos sociales y políticos que las promuevan.

Por sobre diferencias de regímenes políticos, ideologías, culturas institucionales y coyunturas políticas, se impone la convicción de que el fortalecimiento de la democracia pasa por actualizar y mejorar el funcionamiento de buena parte de las instituciones recibidas, en el sentido de un servicio más transparente, eficiente y orientado a protección de los derechos y la equidad social.

La respuesta comparada a esta demanda general de reforma es muy diversa. Algunas reformas van "desde arriba hacia abajo" - tal es el caso, por ejemplo, del proyecto Fernández en la Argentina actual - hasta reformas "desde abajo hacia arriba", como la del proyecto Macri entre 2015 y 2019. 

Algunas reformas ponen el acento en las estructuras de la gobernanza judicial, buscando un punto de apoyo para otras reformas puntuales; otras optan por focalizarse en los problemas de gestión, los modelos de calidad o la implementación de nuevas tecnologías. 

Ciertas reformas nacen bajo el impulso de proyectos de reforma política; otras nacen, en cambio, en los centros de experimentación de los organismos internacionales o a partir de elaboraciones doctrinales de reconocido prestigio. Mas recientemente, destacan reformas surgidas desde inquietudes innovadoras de los propios operadores del sistema, interesados en la incorporación de nuevos enfoques de management, adelantos tecnológicos o presión de las necesidades de los stakeholders más directos del sistema de Justicia.

Los avances son múltiples y en algunos casos notables. Valdría la pena que desde las instituciones se elaborara, como cuestión previa a todo avance, en un inventario de las reformas intentadas y en curso en los últimos 30 años. Un análisis objetivo de las fortalezas y debilidades de lo avanzado hasta el momento demostraría que es mucho e importante lo que se viene logrando. Mucho más importante, por cierto , que lo que se ha hecho en los poderes ejecutivos o los poderes legislativos de todo el mundo. La Justicia es, por lejos el ámbito mas receptivo y sensible a las demandas de cambio. También, al mismo tiempo, el que mayores reflejos defensivos, barreras de obstáculos y resistencias efectivas capaz de desplegar.

Este equilibrio inestable entre reforma y anti-reforma se verá sin duda afectado por la decisión del presidente Joe Biden de situar la reforma de la Justicia en el centro de su agenda pública. El liderazgo de Estados Unidos en materia de Justicia inclinara muy probablemente la balanza en favor de los impulsos de reforma.

La razón es evidente: el sistema norteamericano -basado en la expertocracia de la Corte y la justicia federal, sigue siendo -desde las observaciones de Tocqueville hasta nuestros días, la gran experiencia de referencia en todos el representa en efecto el gran modelo de referencia de todos los debates en torno a la Justicia. Sus instituciones básicas, su esquema de gobernanza judicial, sus reglas, procedimientos, estándares y experiencias- configuran sin duda el mayor depósito de experiencias ejemplares y modelos de referencia. Lo que piense y haga el sistema de justicia americano incidirá de modo notable en la experiencia judicial global.

De allí la importancia superlativa de la reforma Biden. Mediante su Orden Ejecutiva 14023 del 9 abril de 2021, apenas instalado en la Casa Blanca, el nuevo mandatario ha creado y puesto ya en marcha una Comisión Presidencial sobre la Suprema Corte de los Estados Unidos. Está integrada por 36 miembros nombrados por el Presidente, encargados de estudiar la Suprema Corte y su papel en el sistema institucional americano. Dotada de todos los medios de la Oficina Ejecutiva del Presidente, deberá iniciar estudios y consultas que culminará con un reporte a entregar a los 180 días de iniciadas sus actividades.

La lista de los miembros incluye a académicos y expertos cuidadosamente seleccionados por su experiencia y aportes en el conocimiento de la organización y funcionamiento de la Suprema Corte y el sistema judicial. Ha excluido con muy buenos criterios a jueces y abogados litigantes en actividad. Es una comisión de expertos en disciplinas diversas con experiencia y labor acreditadas en la problemática de la Corte. La lista registra desde constitucionalistas muy destacados como Jack Balkin, , Richard Fallon, , Caleb Nelson, Thomas Griffithn Richard Pildes, Kemir Roosevelt, David Strauss, Keith Whittington, William Baude o Laurence Tribe. Un análisis de los antecedentes cuidadosamente consignados de cada miembro subraya la importancia atribuida a la experiencia en la practica de la Corte, la visión comparada, la historia institucional, los estudios acerca de la democracia y la experiencia en los procesos de reforma e innovación. En suma, máxima apertura a una perspectiva pluralista, multidisciplinaria, neutral, orientada a la práctica y exenta por completo de compromisos políticos o ideológicos.

Los objetivos fijados son precisos. En primer lugar, elaborar una síntesis critica del debate contemporáneo acerca del papel institucional y el funcionamiento de la Suprema Corte en el sistema institucional americano y, en particular, el mecanismo de nominación presidencial y de asesoramiento y consentimiento por parte del Senado. En segundo lugar, un análisis de los antecedentes históricos de otras experiencias similares de revisión crítica y propuestas de reforma del sistema con una evaluación critica de propuestas anteriores. En tercer lugar, un análisis crítico de los principales ejes argumentales del debate actual en torno a la reforma de la Corte, incluida una opinión acerca de la oportunidad y legalidad de las actuales propuestas de reforma.

La comisión deberá abrir un proceso de consultas públicas a otros expertos y opiniones, a los efectos de "asegurar que su trabajo este informado por un amplio espectro de ideas"

Por sobre diferencias de apreciación, la puesta en marcha de la Comisión Presidencial ofrece además un excelente ejemplo acerca del modo de una democracia madura debe afrontar crisis como las que aquejan a mucha democracia como la nuestra. Mirar a los problemas de frente, escoger una metodología asegure el pluralismo, la excelencia y la máxima apertura hacia todas las perspectivas. Hacer, en suma, de la crisis una nueva gran oportunidad. Siempre es tiempo, especialmente cuando, como en América Latina, el sistema queda paralizado por un empate mafioso entre quienes, desde cierta política, ni siquiera están dispuestos a cambiar algo, al menos para que nada cambie.

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Comentarios

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    estenosirve Nosirve

    Hace 5 días

    Que notica tan pobre. Envuelve con palabras la no notica, una perdida de tiempo. Tacho a este columnista de mis lecturas futuras. Critico 2 veces a una politica. Lo busque para ver quien era y lo primero que me salio fue un programa de chimentos.

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