Fuente: Cronista departamento Arte
Fuente: Cronista departamento ArteFrancisco Marotta
El año 2025 tuvo al equilibrio fiscal como su principal logro macroeconómico. No obstante, la consolidación de las finanzas públicas aún requiere avances adicionales. En particular, resulta imprescindible avanzar hacia un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades entre la Nación y las provincias, así como encarar un ordenamiento del sistema previsional.
Según datos del Ministerio de Economía, el superávit primario —antes del pago de intereses de la deuda— alcanzó el 1,4% del PBI, un registro inferior al 1,8% del PBI observado en 2024, pero significativamente mejor en comparación con 2023, cuando el déficit primario fue del -2,9% del PBI.
Al computar el pago de intereses, el resultado financiero se ubicó en un superávit del 0,2% del PBI. En el contexto de los déficits fiscales crónicos que caracterizaron a la Argentina, alcanzar este resultado en tan corto período constituye un logro inédito y claramente meritorio.
La estrategia aplicada entre 2023 y 2025 se basó en ajustar las partidas del gasto público por debajo de la inflación, generando una reducción en términos reales. De este modo, se observaron caídas significativas en el gasto en empleo público, subsidios económicos y transferencias discrecionales a las provincias.
En contraste, el gasto previsional y las asignaciones familiares, que se actualizan por inflación, tendieron a mantenerse constantes en términos reales. Sin embargo, con una inflación en descenso, esta estrategia comienza a mostrar signos de agotamiento.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el resultado financiero positivo equivalente al 0,2% del PBI fue posible, en parte, gracias a la vigencia de impuestos altamente distorsivos, entre los que se destacan el impuesto al cheque y los derechos de exportación, cuya recaudación conjunta equivale a aproximadamente 2% del PBI. En paralelo, la inversión pública se redujo en 0,9% del PBI respecto de 2023. Asimismo, se estima que cerca de 0,8% del PBI en concepto de intereses de deuda no se contabiliza como gasto, sino como aumento del stock de deuda pública.
Estos datos ponen de manifiesto que persisten desequilibrios estructurales en las finanzas públicas. Resulta imprescindible avanzar en la eliminación de impuestos como el impuesto al cheque y los derechos de exportación, al tiempo que se mejora la infraestructura, para que la integración al mundo rinda plenamente sus frutos.
A su vez, para sostener el orden macroeconómico, es fundamental que la deuda pública no retome una trayectoria creciente. En este sentido, es recomendable que a la etapa centrada en el ajuste cuantitativo le siga otra en la que se prioricen aspectos cualitativos, como la calidad de los impuestos y la eficiencia del gasto público.
El desafío se torna aún más relevante cuando se incorpora al análisis la situación de las provincias y sus municipios. En estos niveles de gobierno se adiciona una presión tributaria equivalente a 4,3% del PBI, sustentada en impuestos provinciales altamente distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, a los que se suman tasas municipales sobre las ventas.
Al mismo tiempo, el rol de los gobiernos locales en la provisión de servicios esenciales resulta clave para la calidad de vida de la población y la competitividad de la producción. Sin embargo, la tendencia reciente muestra un deterioro de las finanzas públicas provinciales y municipales, con un número creciente de jurisdicciones en situación deficitaria.
En síntesis, la consolidación del equilibrio fiscal, con énfasis en la calidad del sistema tributario y del gasto público, requiere pasar de una etapa centrada en el ajuste a otra enfocada en el ordenamiento del Estado. En este marco, resulta fundamental alcanzar un acuerdo de coordinación tributaria y de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.
Tanto en materia de impuestos como de funciones, el eje central debe ser la eliminación de solapamientos. En cuanto a las responsabilidades, la lógica debe ser similar: por ejemplo, establecer con claridad que la infraestructura interprovincial es competencia de la Nación, mientras que el resto corresponde exclusivamente a los gobiernos locales.
Haber alcanzado el equilibrio fiscal constituye, sin dudas, un logro significativo. Sin embargo, su sostenibilidad en el tiempo exige ampliar la estrategia, desplazando el foco desde el ajuste hacia el ordenamiento integral del Estado, lo que plantea nuevos desafíos, en particular, la reorganización del sistema federal y del sistema previsional.
