ANÁLISIS

En camino hacia otro papelón tarifario

En los últimos 20 años el mundo ha asistido a una suerte de consenso internacional sobre, por un lado, la necesidad de enfrentar el problema de asequibilidad del costo familiar de los servicios públicos y en particular de la energía y, por otro lado, el desafío de hacer más inteligente el diseño de los subsidios. 

De los tres paradigmas más usados en la región latinoamericana, el que históricamente utilizó la Argentina, basado en niveles de consumo de los hogares, es el peor en materia de eficiencia y equidad distributiva y se ubica muy por debajo de esquemas también imperfectos como aquellos basados en la ubicación geográfica o de las características cuasi-catastral de los domicilios (como ha usado Colombia) y muy por debajo de mecanismos de focalización basados en la comprobación previa de los medios de vida de los hogares pobres o vulnerables (como ha usado Chile).

Este ranking ha sido medido en un libro que tiene más de una década, "La Tarifa Social en los Sectores de Infraestructura en la Argentina", y los resultados se explican por la baja correlación entre el consumo y el ingreso de los hogares, debido a la interacción con otros factores que definen el vector de características socioeconómica de los hogares. 

De este modo la tarea esencial de los nuevos mecanismos de subsidios ha sido la de acotar los denominados errores de "exclusión" (familias que deberían recibir el subsidio y no lo reciben) y de "inclusión" (familias que no deberían estar recibiendo el subsidio). 

Este último es muy preocupante porque aquí se centran las denominadas filtraciones de subsidios que entre 2010 y 2015 pusieron a la Argentina al tope de la lista en América Latina, con un derroche muy grande de recursos fiscales.

Estas filtraciones han llegado a ser en 2015, en el caso del gas y la electricidad, cercanas al 85% de los subsidios que superaban el 3% del PBI, o sea que había un 2,5% del PBI en filtraciones hacia grupos no pobres. 

El problema con esta medición es que se basa en la definición nacional (o de país) de pobreza y la misma se ha estado elevando considerablemente en los últimos años. Adicionalmente, esta medición no capta bien a los hogares "vulnerables" en materia de ingresos, que están por encima de la línea de pobreza pero pueden caer en la misma o son hogares de ingresos bajos o medios-bajos. 

Una extensión de la medición anterior utilizando este criterio reduce las filtraciones a menos de la mitad y, dependiendo del criterio para definir vulnerables, puede hacer que las filtraciones caigan a un 33% o hasta un 25% de los subsidios, que por otra parte se han reducido y hoy bien medidos (de nuevo, sólo para gas y electricidad) estarían en este momento en la Argentina por debajo del 2% del PBI y con fuerte tendencia ascendente. 

Esto es un nuevo desafío e implica que la política de subsidios tiene que hacerse todavía más inteligente y perfeccionarse y que el mecanismo de tarifa social usado en años recientes es incompleto y debe reformularse. La necesidad de mejorar la focalización de las transferencias hacia aquellos que necesitan los subsidios es una tarea prioritaria. Hay que repensar el mecanismo.

Sin embargo, el gobierno argentino ha decidido inventar la rueda de nuevo y proponer "de la boca para afuera" (hasta ahora) un mecanismo que es conceptualmente erróneo, no tiene antecedentes de aplicación exitosa en otros países y es impracticable para el estado actual de la información disponible, es decir es un imposible administrativo. 

Esta propuesta se basa en la idea de "torcer" el concepto de focalización de la política tarifaria internacional, que se basa en identificar a los pobres y vulnerables para darles el subsidio, en otra "focalización" que es la de hacerlo sobre los hogares de ingresos medios altos y altos. Esta otra focalización podría justificarse bajo la idea de que por esta vía se quiere reducir el error de inclusión mencionado arriba, cobrándole a los hogares de ingresos medios-altos y altos el verdadero costo de la energía.

Algo de esto se intentó justamente en el período 2011-2015 cuando se trató de segmentar barrios cerrados o edificios-torres urbanas y se hizo una campaña publicitaria para que se renuncie a los subsidios. Salió bastante mal. Sin embargo, el mecanismo ahora propuesto va más allá y tiene la intención de elevar la carga sobre estos hogares por encima del costo para, de este modo, poder subsidiar más al resto de los hogares. 

En la jerga tarifaria de posguerra, a nivel mundial, esto se conoce como "subsidios cruzados" y ha sido abandonado o limitado en las últimas décadas porque no es compatible con la buena regulación de los mercados energéticos. Sólo un monopolio estatal verticalmente integrado podía, antiguamente, llevar estos subsidios cruzados a niveles muy altos porque los consumidores estaban cautivos. Actualmente, con la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías para que los hogares castigados se desenganchen y abandonen la red del servicio público, se hace todavía más difícil implementar este mecanismo aún bajo un monopolio estatal.

La Argentina ahora quiere dar la nota de nuevo, parece que no le alcanzó con la mala experiencia de 2011-2015. Quiere "focalizarse en los ricos" en vez de los pobres y vulnerables para escarmentarlos con un sainete redistributivo y hacerles pagar algo que esté muy por encima de lo que en economía se llama "excedente o plusvalía del consumidor" que es la diferencia entre la valuación de un bien y el precio que se paga, lo que obviamente tiene que ser positivo para alguien quiera voluntariamente consumir algo. Eso no va a ocurrir excepto que se obligue a los hogares a estar conectados a la red y cobrarles esa carga tributaria, que nada tiene que ver con una tarifa o precio de un servicio.

Sólo en el sistema de agua y saneamiento (cloacas) y sólo hasta cierto punto podría hacerse algo así, como demostró Alberto Porto en un paper de 1991. Pero no existen en el mundo casos en donde esto pueda implementarse en el sector de energía, que por la tecnología va más bien camino a la descentralización, que puede ser ordenada o caótica dependiendo de la tecnología y de si se evitan locuras tarifarias como esta. 

Esto es un talibanismo tarifario. No es correcto conceptualmente, es perverso desde un punto de vista moral (habiendo otros instrumentos para el cobro de impuestos) y es un imposible informativo y administrativo en un país como la Argentina actual. Pero los funcionarios del área de energía y la cúpula ideológica que maneja de arriba a este gobierno cree que esto es posible, por más que hagamos otro papelón. Es una prueba contundente de que en materia tarifaria han vuelto peores y es evidente que no razonan bien.

Tags relacionados

Compartí tus comentarios