Análisis

El Pacto Fiscal en "terapia intensiva"

En el intento de lograr un "nuevo federalismo", el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron en noviembre de 2017 el Consenso Fiscal (aprobado por la Ley 27.429 ) mediante el cual se asumieron compromisos para implementar políticas tributarias, destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que aliviaran la carga fiscal generada por aquellos gravámenes con mayor impacto distorsivo sobre la economía.

Los compromisos en materia tributaria asumidos por la Nación consistían en no crear Impuestos Nacionales sobre el Patrimonio, ni incrementar la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales mientras que las Provincias, se obligaban respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a eliminar los tratamientos diferenciales en virtud del lugar de radicación de las actividades o la planta de producción, desgravar los Ingresos por Exportaciones (incluida la Exportación de Servicios) y comenzar una reducción gradual de las alícuotas para gravar determinadas actividades en función a un cronograma que previa tasas máximas para cada año desde 2018 hasta 2022 donde varias de estas actividades pasarían a estar exentas.

Con relación al Impuesto de Sellos, las Provincias adheridas al Consenso Fiscal también debían eliminar los tratamientos diferenciales, no podrían aumentar las tasas para actos relacionados con transferencia Inmuebles, Automotores y Actividades Hidrocarburíferas y para las demás actividades se establecían topes de alícuotas que disminuían año a año (0,75% para 2019, 0,5% para 2020 y 0,25% para 2021) hasta llegar a la eliminación del impuesto en 2022. Asimismo se pactaba la derogación de tratamientos preferenciales y tributos sobre la nómina salarial.

Un compromiso muy importante por parte de las Provincias fue el de adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de manera tal de respetar el límite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones para evitar la generación de saldos a favor y establecer mecanismos ágiles para la devolución de los mismos.

Respecto de los Municipios, las Provincias se comprometían a establecer con ellos un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales, a adoptar un régimen legal de responsabilidad fiscal similar al nacional y a promover la adecuación de las tasas municipales aplicadas en las jurisdicciones de modo que éstas se correspondan con la efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo del mismo. Adicionalmente se comprometían a crear una base pública, por provincia, en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad (hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas y otros datos relevantes) y su normativa.

Veintidós jurisdicciones adhirieron y ratificaron el Consenso por Ley provincial (quedaron fuera del mismo la Provincia de San Luis -que no se adhirió- y la Provincia de la Pampa que adhirió pero no lo ratificó por ley esta adhesión).

Un tiempo más tarde, frente a la coyuntura económica que atravesaba el país hacia fines del año 2019, se aprobó -mediante la Ley 27.542 - el "Consenso Fiscal 2019" que estableció la suspensión hasta fin de 2020 de algunos de los compromisos asumidos por la Nación y las Provincias.

Lamentablemente, se suspendió la obligación de desgravar del Impuesto sobre los Ingresos Brutos las exportaciones de bienes y servicios (excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y la eliminación de exenciones y topes de alícuotas de ese impuesto para determinadas actividades (agropecuaria, industrias, hotelería). Se suspendieron los compromisos de aplicar alícuotas máximas para el Impuesto de Sellos y también los topes de alícuotas para el Impuesto Inmobiliario previstos entre un 0,5% y 2% del valor fiscal.

Por su parte, el Consenso 2019 suspendió para la Nación la prohibición de crear nuevos impuestos sobre el Patrimonio y dispuso dejar sin efecto la obligación de eliminar tributos sobre la nómina salarial.

En el marco de la crisis desatada por la Pandemia Covid-19 -en diciembre de 2020- el Gobierno Nacional firmó con los Gobiernos Provinciales un nuevo acuerdo ("Consenso Fiscal 2020") que replantea los compromisos en materia de tributación nacional y provincial asumidos en los Consensos anteriores, dicho en otras palabras, se otorga luz verde para aumentar los impuestos .

En este sentido vuelve a extender, ahora hasta el 31/12/21, la suspensión de los siguientes compromisos:

  • Desgravar de Ingresos Brutos los ingresos por de exportaciones de bienes y/o servicios.
  • Establecer alícuotas máximas y exenciones y alícuotas topes de Ingresos Brutos a determinadas actividades.
  • Eliminar tratamientos diferenciales en el Impuesto de Sellos.
  • No aumentar la alícuota del Impuesto de Sellos por transferencia de inmuebles, automotores y actividades hidrocarburíferas y la aplicación de Alícuotas máximas del Impuesto de Sellos hasta su eliminación en 2022.

El nuevo acuerdo recientemente aprobado por Senadores, suspende también el compromiso de no aplicar tratamientos diferenciales y la derogación de tributos sobre la nómina salarial.

Viendo el panorama descripto y considerando que el nuevo acuerdo no solo suspende en el tiempo el compromiso de reducción de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos sino que también elimina los topes máximos y desgravaciones, se está retrocediendo en la idea alentar las inversiones, ya que se les da un cheque en blanco a las provincias para incrementar las alícuotas de un impuesto tan distorsivo.

Los impuestos locales, principalmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las Tasas Municipales (verdaderos impuestos disfrazados) tienen un efecto toxico sobre la actividad económica repotencian precios, reducen la rentabilidad y alientan la informalidad.

El Pacto Fiscal es ¿era? un buen remedio para alentar inversiones y crear empleo. Esta nueva suspensión, que se traduce en un aumento de impuestos para sostener un "estado obeso", sólo exige mayor sacrificio fiscal a los contribuyentes y consumidores.

Una vez más se intenta lograr una mayor recaudación con el incremento de gravámenes sin considerar que, en este contexto de caída de la actividad, para disminuir el déficit más que subir impuestos -dado que no existe tolerancia social a mayor esfuerzo fiscal- debería reasignarse y reducirse el gasto público superfluo o improductivo; esta es la verdadera asignatura pendiente.

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