Es triste que en la Argentina la reacción más común frente a las decisiones que no compartimos sea la crítica descalificatoria. Porque revela una tendencia al egocentrismo muy superior a lo que podría ser un nivel tolerable. Pasa en cualquier orden de la vida, pero inquieta cuando esa postura es asumida por figuras como el presidente de la Nación o por su vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Todo el oficialismo disparó munición pesada contra la Corte Suprema, por haber fallado a favor de la postura que defendió la Ciudad de Buenos Aires en contra del DNU que suspendía las clases presenciales. El primer mandatario dijo la opinión de los magistrados "era la decrepitud del derecho convertida en sentencia". Fernández añadió: "Dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos".

La Vicepresidenta fue mucho más allá, porque le endilgó a la Corte intencionalidad política. "Está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño", remarcó.

El fallo de la Corte puede ser imperfecto, pero transmite una visión que merece ser respetada, porque emana de la cabeza del poder que tiene la función de administrar justicia, tal como lo establece la Constitución. Lo mismo sucede con los decretos que dicta el Ejecutivo. Expresan la visión de un gobierno, pero las personas humanas y jurídicas tienen derecho a no compartirla y a pedir su revisión. Cuando eso sucede, funcionan las instituciones democráticas mucho mejor que cuando solo tiene validez lo que dice un poder del Estado.

Cristina Kirchner argumentó que el máximo tribunal estaba coartando la competencia del Ejecutivo de fijar políticas sanitarias en momentos en que arrecia una pandemia inédita para la Argentina y el mundo.

Los jueces no limitaron esa facultad, pero establecieron que hay determinadas actividades, como la educación, en las que el Gobierno no puede tomar la decisión en soledad. Tiene que conseguir el consenso de las provincias y la ciudad para hacerlo, porque esa decisión forma parte de su autonomía. Así sucedió en 2020, pero eso no se repitió este año. Alberto Fernández firmó el primer DNU en la soledad de Olivos, donde grabó el mensaje que respaldó su difusión.

El oficialismo transformó todo en política. Hizo énfasis, una vez más, que la visión que debe aplicarse es la suya, como si la suma de la razón estuviese siempre del mismo lado.

La Ciudad no queda exenta de responsabilidades ante esta respuesta de la Corte. Tiene la misión de preservar a las escuelas del avance del Covid, y reconocer que hay que tomar más precauciones si eso no sucede. Y tanto Nación como los distritos tienen que seguir este cuadro día a día, dialogando y buscando consensos. Apelando a la buena política. La otra no le sirve a nadie.