La decisión política de haber mantenido subvaluados los recursos de gas y petróleo, que en gran parte benefició a los consumidores de los grandes centros urbanos, sin consideración de su nivel de ingreso, afectó en cifras multimillonarias la valorización de las regalías provinciales durante la última década. Asimismo, la retención a la exportación que alcanzó su zenit a fines de 2007, poco antes de que se rechazara en el agro la Resolución 125, derivó cuantiosos recursos de las provincias al Tesoro Nacional.

Ahora, cuando se acerca el vencimiento de algunos contratos de concesión en áreas productivas que en muchos casos tributan tasas del orden del 25%, se pretende sancionar una ley que reduzca el derecho de las provincias de cobrar regalías por encima del 12%. Esto no es novedoso en países como el nuestro. Luego de varios años de castigar a la inversión, reflejado por la caída ininterrumpida de la producción, se intenta premiar con creces al sector privado para recomponer la renta petrolera.

Si bien las barajas se han vuelto a mezclar luego de la decisión de la Corte Suprema norteamericana aumentando el riesgo de invertir en el país, la reforma legal propuesta para un sector de tal relevancia como el petrolero no puede generar compromisos permanentes que vayan a determinar tan alta participación privada de la renta, a cambio de una urgencia tanto de tipo energética como fiscal. Sería sin duda una traición en términos de la equidad de largo plazo y del espíritu de nuestra Constitución Nacional.

Más allá de que no es económicamente recomendable homogeneizar regalías en áreas que son de naturaleza heterogénea; y que los compromisos de inversión ex ante, como parámetro para determinar la asignación de áreas (sobre todo en concesiones de explotación), suelen ser objeto de re-negociación ex post, el proyecto de ley pasa por alto el principal inconveniente que existe en el sector energético: el mercado del gas natural. En efecto, la regularización de este mercado es una condición necesaria para generar reglas tributarias estables, y a su vez para la recuperación del autoabastecimiento energético, que es el principal considerando en el que se basa la reforma.

La falta de abordaje a la discusión de la resolución de la gran carga que deja esta gestión energética a las próximas generaciones sólo revela que no hay un ánimo de generar reglas de competencia en la industria petrolera. Por otra parte, suena extraño que sea un actor de la industria quien esté diseñando el marco regulatorio de largo plazo. Así es como YPF confunde su rol de regulado con el de regulador, privilegiando posturas personalistas por encima de una visión estructural a favor de la Nación, y avasalla principios constitucionales como los que sostenía la Senadora por la provincia de Santa Cruz cuando afirmaba en 1994 que recae en las provincias el dominio y la jurisdicción de sus recursos petroleros.

El otro gran conflicto que surge del Acuerdo tiene que ver con la pretendida imposición por renegociar contratos pre-existentes por parte de las empresas provinciales cuando al mismo tiempo YPF que detenta más del 40% del área de Vaca Muerta, recibiría sin licitación la extensión de las áreas convencionales en caso de conseguir permisos de explotación No Convencional, como ha ocurrido con el caso del contrato con Chevron que le permitió extender sin más su concesión sobre el área de Loma Campana.

Sin dudas nuestro país necesi ta inversión en el sector energético, pero también requiere de un marco legal que asegure condiciones de competencia y estabilidad que este proyecto no va a generar.