La mayoría de nuestros males se originan en una corrupción omnipresente. Para terminar con la impunidad que ha protegido a tantos corruptos tanto tiempo, el Consejo de la Magistratura tiene un papel trascendental, que no ha podido cumplir en plenitud: la obligación de administrar al Poder Judicial.

El Consejo debe recuperar sus facultades de administración, retaceadas desde el 2007 por la Corte anterior. También debe mejorar mucho en materia de sometimiento a juicio político a los jueces que violan sus obligaciones. En esto el Consejo es frenado por solidaridades corporativas y por acuerdos políticos que protegen a jueces que fueron o son cómplices de la corrupción.

La elección del Rosenkrantz como presidente de la Corte y la renovación del Consejo dan una oportunidad ideal para terminar con la excesiva política y corporativismo en el Consejo.

Nada es fácil en el sistema judicial, muy reticente al cambio en sus privilegios, costumbres y procedimientos tan antiguos como anacrónicos. Los propios beneficiados no quieren salir de su "zona de confort" y casi nadie se atreve a cuestionarlos, siguiendo la sugerencia del viejo Vizcacha: "Hacete amigo del Juez, no le des de qué quejarse; y cuando quiera enojarse vos te debes encoger, pues siempre es güeno tener palenque ande ir a rascarse."

Terminemos con los privilegios. Mejoremos el servicio de Justicia en todas sus áreas, con foco en la lucha contra la corrupción y el delito en general. Y protejamos a los buenos magistrados son mayoría- de las presiones propias de su cargo.

Se necesitan ciertas garantías de independencia judicial: estabilidad vitalicia salvo mala conducta y salarios acordes. Debe ser así porque lo dice la Constitución y porque conviene tener jueces seguros de su trabajo y bien remunerados, con fortaleza estructural para decidir lo que deben y no lo que les conviene para mantener su situación.

No deben mantenerse los privilegios, que además de injustos son nefastos, porque al colocar a la magistratura tan por encima de la realidad, les impide comprenderla y juzgar con verdadera ecuanimidad.

No pagar impuesto a las Ganancias es inadmisible y no basta la aspirina de que lo paguen los que ingresan al sistema. Todos los jueces deben pagarlo, sin importar desde cuando trabajan en la Justicia.

El Poder Judicial debe estar siempre auditado en sus aspectos organizacionales, funcionales y jurisdiccionales. Una actividad que no puede medirse, no puede evaluarse.

Es necesario mejorar la infraestructura física e informática, simplificando procesos, actualizando horarios que son ficticios, suprimiendo años sabáticos y actividades extra-laborales incompatibles con un sistema rápido y moderno. Todo eso es incompatible con un sistema que funcione con la rapidez que se exige a todos en cualquier actividad.

Jubilarse con un 100% móvil y poder ejercer la profesión sin perder el haber jubilatorio, implica una violación frontal a la igualdad de oportunidades.

Estos y otros cambios ayudarán a que los jueces vuelvan a ser un ejemplo de lo bueno y no de lo malo.