Zonas francas: Argentina, entre los últimos peldaños en la región

En los últimos dos años nuestro país ha sido sede de dos eventos de jerarquía internacional vinculados con las zonas francas, el primero de ellos en el marco de la Reunión de Ministros de la WTO realizada en Buenos Aires en el mes de diciembre de 2017 y el reciente SUMMIT BA 2019 donde disertantes de países de la región y del mundo, representando a diversos sectores vinculados de manera directa con el rol protagónico que éstos enclaves tiene en cada uno de sus países, destacaron la importancia del régimen y su positiva influencia en sus respectivas economías.

Cualquier lector desprevenido podría tomar estos hechos como indiciarios de que la Argentina ha surgido como un faro de vanguardia en materia de zonas francas, guiando de esta forma, ya no en la región sino en el mundo, una corriente innovadora sobre la dirección, evolución y protagonismo que esta herramienta debiera tener en la economía mundial.

Lamentablemente, lejos de ellos, debemos decir que si existiera un índice que pudiera medir el déficit y performance de éstas herramientas dentro de las economías de cada estado, nuestro país estaría ocupando con seguridad el último de sus peldaños en el plano regional y temo que no ascendería muchos puestos en un análisis de corte global.

Lo antedicho pareciera una simple paradoja pero en rigor de verdad no lo es, en rigor de verdad en los últimos años el sector ha comenzado a transitar un proceso de maduración liderado por varios actores, desde el Legislativo con el impulso de varios Senadores como el caso de Alfredo Luenzo que disparó la discusión con un proyecto muy auspicioso en su momento pero que pareciera insuficiente para las aspiraciones actuales del Gobierno Argentino en materia de herramientas o programas de facilitación comercial; a mi juicio éste instrumento debería alcanzar una serie de ajustes que le permitan competir regionalmente, me arriesgo a decir que el resultado de cualquier benchmarking indicará que nuestro país debe aspirar a una estructura normativa no inferior a la que tiene la República Oriental del Uruguay, por citar un caso de éxito tangible y de alto impacto regional.

Los años de somnolencia significaron un altísimo costo para la Argentina que ha sufrido en su economía el impacto de la migración de compañías locales hacía países de la Región, dónde han encontrado regímenes más competitivos y amigables para el desarrollo de sus negocios que en mayor medida por estar radicados extraterritorialmente no dejan de hacer foco en nuestro mercado, y lo que es peor aún (o por caso no menos grave), es la pérdida de oportunidades en materia de captación de inversión extranjera directa, inversión que ha visto en nuestro país un mercado atractivo pero sin un entorno amigable para el desarrollo de sus negocios, lo cual motivó en muchos casos la decisión de radicarse en otros países de la Región sin perder tampoco de vista a nuestro mercado como destino del grueso de la producción de sus bienes o servicios; ergo, la falta de esquemas apropiados provocó (y continúa provocando hasta que se obtenga un esquema adecuado) que entre otras cosas, sigamos privilegiando la mano de obra o recurso humano extranjero por sobre el local tanto en materia de producción de bienes como de servicios.

A las pruebas me remito toda vez que como consumidores o usuarios de servicios de alguno de los unicornios argentinos, somos direccionados a call centers y data centers radicados en zonas francas extranjeras que cuentan con la oferta de incentivos que nuestra estructura normativa carece por completo.

A pesar del alto costo que nuestra economía sigue pagando por efecto de la  migración de proyectos o la no radicación de aquellos que son extranjeros, advierto que la actual gestión ha decidido cortar ésta sangría y comenzar a transitar un proceso de puesta en valor de la infraestructura y capacidad instalada de nuestras zonas francas, que debe concluir inexorablemente en una revisión profunda  de una estructura normativa que ha quedado obsoleta e ineficiente, ello sin perjuicio de las tensiones que pudiera provocar el régimen hoy imperante en el ámbito de la comunidad internacional por no haber sido adecuada nuestra normativa conforme los principios rectores de la WTO (en especial el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias) toda vez que nuestras zonas francas por imperio de la ley 24.331 fueron creadas con el objeto exclusivo y excluyente de promover las exportaciones, agravado por el hecho de vedarles por completo la penetración de su producción al mercado local, esto es así aún bajo el supuesto de corrección que supone el pago previo de todos los derechos y aranceles que graven a los bienes allí producidos, produciéndose de ésta forma el efecto de “nivelación con relación al territorio general.

La trascendencia de las zonas francas tienen en nuestro país un carácter federal, algo más de 15 provincias, gobernadas por distintos espacios políticos participaron del reciente encuentro, coincidiendo en su conjunto en la necesidad de llevar a un plano legislativo los cambios que el sector demanda, en muchos casos alentados por proyectos que se verán potenciados (caso de Neuquén con Vaca Muerta), Jujuy con Perico y La Quiaca buscando competir con la penetración transfronteriza de la ZF de Iquique en Chile, lo mismo Río Gallegos que ansía ver materializado el proyecto de su ZF para frenar el impacto que Chile provoca con su símil de Punta Arenas, y las provincias mesopotámicas que miran con temor el avance las lojas francas y las ZPE (zonas francas de exportación) en el cordón fronterizo con Brasil; esto evidencia que a pesar de la actual composición de las cámaras legislativas, éste proyecto trasciende lo partidario y encuentra en lo federal una razón que no debiera justificar más demoras en su tratamiento.

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