Río Diamante-Charlone: la primera licitación PPP de transmisión eléctrica

Luego de  impulsar la ampliación de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica y permitir las revisiones tarifarias para los servicios de distribución y transporte, el Gobierno se prepara para lanzar la primera licitación de participación público-privada de transmisión eléctrica: el Proyecto Río Diamante-Charlone.

Durante 2016 y 2017, en el marco del Programa RenovAr, la hoy Secretaría de Gobierno de Energía (ex Ministerio) adjudicó contratos de largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para centrales térmicas y proyectos de energías renovables. Con estas adjudicaciones, se buscó remediar la vulnerabilidad del sistema eléctrico y, a su vez, empezar a diversificar la matriz energética por medio de la incorporación de fuentes de generación de energías conforme a la Ley de Energías Renovables.

Según establece la Ley, la Argentina debería alcanzar una cobertura de la demanda con 20% de energías renovables para 2025. Sin embargo, actualmente, esa cobertura no alcanza el 3 %.

En paralelo, el Gobierno llevó a cabo las revisiones tarifarias de los servicios de distribución y transporte de energía eléctrica, virtualmente omitidas por el gobierno anterior.   

Se espera que, en este último trimestre del año, las inversiones en el sector eléctrico se focalicen en el transporte.

El proyecto

El proyecto Río Diamante-Charlone consiste en la construcción de una línea de 500 kV (alta tensión) que conectará la estación transformadora de Río Diamante (Mendoza) con una nueva transformadora que bajará la tensión a 132 kV, en Charlone, noroeste de Buenos Aires. Asimismo, el proyecto contempla la construcción de líneas de 132 kV y otras obras complementarias.

El tramo en cuestión es el primero de una serie de ampliaciones a la red de transmisión eléctrica, que tiene como objetivo la construcción de más de 3000 kilómetros de líneas de alta tensión. Para esta primera etapa, se espera que el plazo de construcción sea de 3 años, y el de operación de 12 años.

A diferencia de las adjudicaciones de PPA, en las que el entonces Ministerio de Energía actuó a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), el ente contratante de este proyecto será la compañía estatal Integración Energética SA (ex-ENARSA).

Por lo general, el transportista toma la energía producida por el generador y la conduce a los lugares donde será luego entregada a los distribuidores, quienes, a su vez, la entregarán a los usuarios finales.

Sin embargo, debido a la falta de inversiones destinadas a ampliar la red de transporte existente, en la actualidad existen cuellos de botella que afectan la posibilidad de continuar ampliando la capacidad instalada o impulsar una mayor penetración de energías renovables en la matriz energética. Tanto es así que la ronda del Programa RenovAr esperada para 2018 apunta a proyectos de una escala mucho menor.

Con el objetivo de descomprimir esos cuellos de botella, el Gobierno apuesta al mecanismo de contratación pública o PPP, recientemente utilizado para adjudicar corredores viales por peajes. Con acierto, se ha sostenido que el sistema PPP —correctamente instrumentado— puede constituir una herramienta superadora de la obra pública “tradicional , particularmente, en situaciones como la actual, donde se necesita revertir un déficit de infraestructura pública enorme sin aumentar el gasto público.

Desafíos

Sin embargo, y a diferencia de los proyectos de corredores viales, la licitación PPP de transmisión eléctrica tiene la particularidad de integrarse con una actividad altamente regulada como es la industria eléctrica, en general, y el transporte en alta tensión, en particular.

Por este motivo, a los desafíos generados por la situación macroeconómica actual y el escándalo de los cuadernos de las coimas, el proyecto Río Diamante-Charlone incorpora uno adicional: integrar armónicamente el régimen PPP al marco regulatorio de la industria eléctrica.

Estos desafíos crean innegables dificultades para potenciales interesados en participar en la licitación. Sin embargo, como contrapartida, también crean oportunidades para atraer inversiones extrajeras a un mercado dominado por jugadores locales. 

La Ley de PPP, sancionada a fines del 2016 y reglamentada al año siguiente, garantiza la versatilidad necesaria para estructurar proyectos vinculados con el transporte de energía eléctrica en alta tensión, como el proyecto Río Diamante-Charlone. De todos modos, resulta indispensable que los documentos contractuales asignen en forma eficiente los riesgos entre las partes del contrato PPP y reglamenten debidamente las cuestiones regulatorias vinculadas con el proyecto. Entre las cuestiones regulatorias que deberán tenerse en cuenta, se destacan el rol que tendrán los transportistas “incumbentes (como la compañía Transener, por ejemplo), el régimen de servidumbre de electroducto y las normas sobre autorizaciones ambientales.

En este contexto, es importante que las versiones definitivas de los documentos contractuales contemplen adecuadamente la diferencia entre los proyectos PPP de corredores viales y este nuevo proyecto de transmisión eléctrica y, a su vez, que incorporen los aportes de los interesados en participar de la licitación para fortalecer la estructura delineada por las versiones preliminares del pliego y del contrato PPP.
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