Once años tirados a la basura

El 9 de mayo de 2007 entró en vigencia la ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires, que planteaba los objetivos de reducir la generación de residuos y aumentar la recuperación y el reciclado, imitando el modelo australiano de la década del 90. Once años después, no sólo no se cumplieron las metas de la ley, sino que el Estado gastó más de u$s 6500 millones en implementar medidas que poco contribuyeron a resolver el problema de la basura. Ante este panorama, la respuesta del Ejecutivo fue reformar la ley, en pos de habilitar la controvertida incineración de residuos, objetada por organizaciones ambientalistas como Greenpeace por las toxinas cancerígenas que esta práctica libera al medio ambiente.

El proyecto oficial se fundamenta en el método de combustión que se utiliza hace varios años en la UE, pero no explicita que actualmente los países europeos están readecuando sus normativas para desincentivar aquella práctica. Una vez más, se está legislando de forma tardía: la flamante norma representa un retroceso en la gestión de residuos que no tendrá otro final que el fracaso.

A la cuestión de la incineración se suma la extensión de los plazos para reducir la cantidad de basura en una ciudad que produce más de 6000 toneladas diarias (70 kilos por segundo). La ley establecía un recorte de residuos enterrados del 75% para 2017, pero sólo se redujo un 33%. El incumplimiento de los plazos llevó a readecuarlos, es decir, a barajar y dar de nuevo.

Se olvida así un detalle no menor: el volumen de recursos públicos destinados durante los últimos años a resolver el problema. Con el monto destinado al tratamiento de la basura se podría haber invertido en la construcción de 150 escuelas nuevas, o de 11 hospitales públicos por año.

La reforma oficial extiende los plazos de la reducción de residuos: para el 2021, pretende alcanzar el mismo nivel de basura que la ley original planteaba para 2010. Y, al tener como referencia la cantidad de basura enterrada en 2012, se elige el año en que más toneladas de residuos se generaron, lo que implica que cumplir la meta fijada no representa mayores esfuerzos porque ya está prácticamente cumplida en 2018.

Pasaron 11 años de aquella ley, y el tratamiento de los residuos sigue siendo un problema sin resolver. Es momento de pensarlo desde otro lugar: dejar de concebir al proceso productivo de forma lineal, en el que los bienes llegan a una instancia en la que dejan de ser útiles y se convierten en basura, para pasar a considerarlo de manera circular, donde el fin de un producto se transforma en el inicio de otro.

Es posible abordar la problemática de la basura desde la extracción de recursos naturales para la producción. Toda la actividad económica estará orientada a la disminución de los residuos generados y a la reutilización de los ya existentes, alargando su vida útil de los mismos. Bajo este paradigma, es fundamental el compromiso de las empresas, que cuentan con los recursos para fabricar productos sustentables y en última instancia, deben responsabilizarse por las sustancias tóxicas que producen. Es preciso incorporar una mirada sistémica e integral en torno a esta problemática, y encarar una solución que contemple medidas paliativas desde la producción, en pos de fomentar una ciudad resiliente y sostenible para toda la comunidad.