Domingo  23 de Agosto de 2020

Monedas digitales estatales: ¿la competencia sustentable de las criptomonedas?

Por ahora sólo hay avances en Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Bahamas, Francia, Japón, Suecia y Suiza, países con altos estándares de infraestructura tecnológica y con competentes equipos de ciberseguridad dentro de sus bancos centrales. China ya realiza pruebas piloto.

Monedas digitales estatales: ¿la competencia sustentable de las criptomonedas?

PABLO KORNBLUM

Economista y doctor en Relaciones Internacionales. Autor del Libro “La Sociedad Anestesiada. El sistema económico global bajo la óptica ciudadana.”

Con la inestabilidad intrínseca que todavía acaece sobre el mundo de las criptomonedas, en adición a la vuelta al Estado-Centrismo que ha traído la actual pandemia, el rol de las monedas digitales estatales volvió a ponerse sobre el tapete en la agenda financiera de una gran parte de los bancos centrales del mundo.

Mientras ya está claro que los costos marginales de la tecnología y su mantenimiento terminarían siendo más económicos que la producción y la logística del formato papel, el punto sobre el cual se debe trabajar más se centra en que la sociedad tenga los recursos económicos y la capacidad técnica para adaptarse al nuevo sistema.

Se podría esperar que en el mediano/largo plazo, con nuevas generaciones de seres humanos más adaptados y con mayores posibilidades tecnológicas (al menos en términos de acceso a dispositivos electrónicos, como son los teléfonos celulares o las redes de Internet), el salto social para con la masividad se estaría saldando. Por supuesto, todavía está por verse.

Es por ello que hasta el día de la fecha, son pocos los países (como son los casos de Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Islas Bahamas, Francia, Japón, Suecia y Suiza) los que han formalizado la idea de avanzar decididamente hacia las monedas digitales.

La característica de la mayoría de estos países es que tienen altos estándares de infraestructura tecnológica (con un enorme y competente equipo de ciberseguridad dentro del Banco Central y para con las finanzas estatales en general), sumado a una importante estabilidad macroeconómica. Por ende, se podría decir que las inequidades sociales, los desequilibrios financieros y la falta de acceso a recursos se encuentran suavizados, lo que es un plus – por no decir una necesidad sine qua non -, para poder llevar adelante un proyecto de semejante envergadura.

Por otro lado, lo que si hay que destacar que el gran actor de esta película es China, el cual ya ha comenzado a realizar pruebas piloto. Su objetivo es geopolítico: quiere ser el primer país en mostrar las ventajas que ello conlleva, quitándole la primacía a los Estados Unidos. Es similar a la disputa por quien es el primero en producir la vacuna para con el COVID-19: tomar la delantera te permite ‘moldear la cancha’ a futuro. En definitiva, es un área más donde se disputa la supremacía global.

Como contraparte, la FED por ahora no tiene intención de emitir una MDBC, ya que no considera que exista problema alguno en el sistema de pagos minoristas de los Estados Unidos (y posiblemente porque también se encuentren satisfechos con el dólar todavía como moneda mayoritaria del señoreaje externo). Sin embargo y como lo describíamos en el caso de China, la geopolítica y la geoeconomía determinan y disponen; por ende, será un tema seguramente a tratar después de las elecciones del próximo mes de noviembre.

También tenemos el caso de otros países, cada uno según su propia lógica, intereses y necesidades. A diferencia de lo expuesto previamente, el ‘PETRO’ en Venezuela es una moneda digital vinculada a las riquezas petroleras del país, cuyo objetivo es convertirse en un salvataje para la dañada economía caribeña. Sin embargo, los resultados han sido magros; simplemente por el hecho de que no se puede desligar el desempeño de su moneda digital a la crisis macroeconómica y la baja performance de la producción hidrocarburífera actual. Otro caso es el de Lituania, que al observar con temor los desarrollos ‘libertarios’ de criptomonedas como la “Libra” de Facebook, entienden que la soberanía de los gobiernos se encuentra desafiada; por ende, urge del establecimiento y la administración de una propia moneda digital Estatal.

Evidentemente, la puja de intereses (con sus perdedores y ganadores) dentro de la nueva dinámica tecnológica-financiera seguirá existiendo, tanto a nivel interestatal como entre diferentes actores no estatales y para con su relación con los gobiernos (léase los ‘perjudicados’ dueños de criptomonedas). Por supuesto, dentro de un ambiente de cooperación y estandarización de procesos interestatal podría ser positivo en términos de agilizar los intercambios a un menor costo; sin embargo, ello se dificulta al no diferir de lo que pudiera ocurrir en cualquier otro sector económico o área de disputa estratégica.

Por ello, y ya saliendo de la esfera de la estatalidad, la discusión se centra en los pros y contras que las monedas estatales digitales conllevan. En cuanto a las ventajas, se puede visualizar un escenario superador a tono con el Siglo XXI, como es el evitar la destrucción medioambiental para la confección de papel moneda (más ahora como foco de contagio de COVID-19). Por otro lado, en términos económicos se incrementaría la velocidad de los pagos interbancarios, se disminuiría los costos de las transacciones, y se podría incrementar y simplificar la recaudación impositiva - pari passu su utilización como vehículo que desenmascare actividades delictivas como el lavado de dinero -.

Sin embargo, la gran disyuntiva en la discusión técnica actual es su diferenciación de las otras criptomonedas. En este sentido, está posee la característica de ser segura y sustentable en el largo plazo, dado que es producto del respaldo de instituciones no perecederas, como son los bancos centrales estatales y trasnacionales; siendo estos avalados, respaldados y regulados por y bajo las leyes de los Estados-Nación.

En este sentido, vivimos en un mundo donde los estados todavía detentan el rol central en la vida de las sociedades; ello se ha visto reflejado con fuerza en la actual pandemia del COVID-19, donde más allá de los roles variados de las corporaciones privadas, la ciudadanía ha buscado refugio y soluciones en sus propios gobiernos, aquellos que con el mandato popular se comprometen a actuar por el bien común.

Por ende, sin el respaldo estatal, será endeble cualquier tipo de moneda digital presente o futura que sea solo intercambiada en el mercado sin regulación. Y ello también es una idea que quieren propagar (o al menos dejar traslucir) muchos gobiernos: desestimar y deslegitimar permanentemente las diversas monedas digitales ‘privadas’ que existen, por el mero hecho que no detentan el control que quisieran sobre ellas.

En cuanto a los resquemores, también existen varios puntos a saldar. Por un lado, no está claro cuál es el rol que tomarían los bancos centrales en relación a su responsabilidad para con el público y con el resto de la banca comercial. Tampoco es evidente como se implementaría la tecnología financiera y la estandarización de las cuentas, tanto a nivel nacional como transfronterizo.

En términos macroeconómicos, la duda surge principalmente en relación al señoreaje externo, donde la modalidad digital facilitaría su circulación; por ende, ante una crisis económica, la población del país más subdesarrollado podría huir más rápidamente hacia la ‘moneda fuerte’, generando una crisis cambiaria que profundizaría la debacle financiera doméstica.

Por otra parte, el Estado estaría recibiendo una gran cantidad de datos sobre las finanzas de sus ciudadanos, lo que redundaría en un beneficio para con la lucha contra la economía informal. Sin embargo, aquí también surgen interrogantes: ¿estamos preparados para que la economía informal se regularice de un día para el otro? ¿O terminaremos generando un ‘parate’ productivo con una larga lista de población económicamente activa excluida del comercio y el consumo?

En este sentido, el contexto adverso se visualiza más allá del caso puntual de la moneda digital: la realidad es que muchos gobiernos suelen carecer de la credibilidad ciudadana. ¿Quién controlará el sistema de emisión? ¿Cómo sabrá el ciudadano medio que no se puede fraguar el sistema? Uno podría decir que también puede haber corrupción o algún ‘agujero negro’ en la casa de la moneda; pero la historia y el poder ‘palpar’ el billete físico, que además de tener una serie de resguardos, puede ser controlado por una variedad de actores una vez que entra en circulación. Sino pensemos que ha pasado con el ‘voto electrónico’; el mismo no solo ha sido harto discutido – donde en nuestro país terminó aprobándose con el requerimiento de una contraparte en papel -, sino que en muchos países del ‘primer mundo’ han vuelto al formato papel.

Por otro lado, los más osados sostienen que sí se podría combatir los flagelos de la evasión (lo que implicaría por ejemplo un gasto social más eficiente y menores imposiciones), el narcotráfico y el empleo no registrado.

Sin embargo, aquí surgen dos inconvenientes: por un lado, mientras continúe coexistiendo con el papel moneda, se podrá continuar infringiendo la ley por este medio; por el otro, siempre existirá la posibilidad de que el sistema sea ‘violado’ o ‘corrompido’ financiera o tecnológicamente, ya que el mismo es manejado, controlado y auditado por seres humanos. Porque estamos en Argentina. Y aunque siempre puedan generarse mayores obstáculos para infringir la ley, como por ejemplo la existencia de infraestructura y de un equipo especializado y multidisciplinario de combate al crimen ciber-financiero, sabemos que en nuestro país, ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Por ende y en definitiva, se requeriría de un cambio cultural profundo de quienes manejan el sistema y detentan la ejecución de las políticas públicas que, claramente, va más allá de temática de las monedas digitales Estatales en cuestión.

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