El fallo de La Haya por el caso Lago Agrio

El 30 de agosto próximo pasado el Tribunal de la Haya dictó un laudo que puede ser determinante en el litigio planteado desde principios de los años 90 entre pobladores ecuatorianos y Texaco, que fue adquirida por Chevron en 2001, conocido como el caso del Lago Agrio.

En el marco de ese conflicto Chevron fue condenada en 2011 a pagar aproximadamente u$s 9500 millones por una supuesta contaminación de la cual Texaco (luego adquirida por Chevron) sería la responsable.

En Argentina tuvimos noticias de ese esto pues los demandantes intentaron cobrar ese fallo en los países donde Chevron tiene subsidiarias. Ellos lograron obtener un embargo cautelar de activos que fue avalado en las primeras instancias y que luego fue revertido en la Corte Suprema. Este tema tuvo mucha trascendencia pues coincidió temporalmente con el acuerdo que YPF firmó con Chevron para desarrollar parte de la formación geológica conocida como Vaca Muerta.

Justo en el momento que YPF firmaba ese acuerdo con Chevron, que tanto el gobierno de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri se negaban a mostrar hasta que la justicia obligó al Gobierno a hacerlo, surgía esta sentencia. Tanta repercusión tuvo a nivel local que incluso distintos programas periodísticos hicieron informes especiales sobre el tema.

¿Qué dijo el Tribunal de La Haya en su laudo? Básicamente que: 1) La sentencia de u$s 9500 millones dictada contra Chevron por el caso del Lago Agrio en Ecuador en 2011, fue obtenida por medio de acciones fraudulentas, el pago de sobornos y actos de corrupción, 2) El Estado ecuatoriano violó el derecho internacional al denegarle justicia a Chevron por apoyar conductas fraudulentas y actos de corrupción, y 3) Que la sentencia ecuatoriana no debe ser reconocida o ejecutada por los tribunales de otros Estados y que de acuerdo con el derecho internacional, Chevron no está obligada a cumplir con esa sentencia.

Luego de la declaración del Tribunal de La Haya el propio gobierno del Ecuador señaló que estaba analizando iniciar demandas contra los ex funcionarios (entre ellos el ex Presidente Rafael Correa) en el caso que el país se viera perjudicado por la forma en que los ex oficiales públicos llevaron adelante este litigio.

Así, un episodio que empezó siendo un litigio entre particulares ecuatorianos contra Chevron que intentaban defender el medio ambiente, y que se diseminó en otros países (entre ellos Argentina) se estaría encaminando a convertirse en un enorme fiasco, dejando mal parado al Ecuador y a los legítimos protectores del medio ambiente.

Este antecedente, que a primera vista lo podemos ver como algo que afecta a otro país, deja algunas enseñanzas. En momentos en los cuales Argentina se abraza a la posibilidad de desarrollar sus recursos basados en “hidrocarburos no convencionales , es mas que probable que la cuestión ambiental adquiera la relevancia que se merece. Las técnicas del denominado “fracking , que hasta ahora no causaron problemas ambientales en USA donde su uso está mas extendido, recién están empezando a aplicarse a escala masiva en nuestro país.

 

Es esperable (y deseable) que las autoridades ambientales de cada región certifiquen y controlen que las actividades no dañen el medio ambiente. Es lógico que los defensores del medio ambiente y las comunidades involucradas planteen inicialmente sus dudas sobre una actividad aún no conocida a escala masiva en nuestro país.

¿Con qué criterio técnico actuarán los involucrados? Es tan importante defender el medio ambiente como erradicar potenciales conductas oportunistas. Ningún inversor serio dejará de invertir en Argentina si nuestras autoridades gubernamentales establecen parámetros ambientales estrictos y obligan a utilizar las mejores prácticas disponibles. La seriedad no espanta a los mejores inversores, sí puede espantarlos el riesgo que se “invente una causa ambiental, pues sus consecuencias son imprevisibles.

Una política orientada a atraer inversiones debe incluir necesariamente políticas claras en materia ambiental y el Estado debe contar con una estructura fuerte y experimentada, que controle en tiempo real, de forma “no oportunista pero estricta, el desenvolvimiento de las actividades.

Un Estado laxo en materia ambiental no promueve inversiones porque la lógica reacción social hace insostenible cualquier actividad en el tiempo.

Un Estado oportunista (o que de lugar a conductas oportunistas en materia ambiental de actores privados) lejos de proteger a la sociedad, la priva de la llegada de inversores serios, y termina sin proteger al medio ambiente.

En materia ambiental, un Estado fuerte y eficaz protege a los ciudadanos y atrae a los inversores, dos aspectos en los cuales Argentina todavía tiene mucho camino por recorrer.

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