La Corte Suprema de Justicia ha reafirmado los límites establecidos en Colombia en relación con el embargo del salario, con el objetivo de asegurar el pago de deudas sin comprometer de manera excesiva el mínimo vital de los trabajadores. Esta decisión se fundamenta en normativas vigentes y en una jurisprudencia reiterada que establece topes claros y obligatorios para empleadores y jueces. Este marco normativo determina que el salario no puede ser embargado en su totalidad y que solo en circunstancias específicas la retención puede alcanzar porcentajes más elevados, siempre bajo la autorización de un juez. En este sentido, la Corte ha recordado que el embargo constituye una herramienta legal destinada a garantizar el cumplimiento de obligaciones económicas, pero su aplicación no debe ser arbitraria ni ignorar las protecciones que la ley concede a los ingresos laborales. De acuerdo con la normativa vigente, retomada por Caracol Radio, el salario solo puede ser embargado cuando existe una orden escrita de un juez, emitida dentro de un proceso judicial formal. Entre los casos en los que procede el embargo se encuentran las obligaciones alimentarias, como la pensión para hijos o cónyuge y las deudas con cooperativas legalmente autorizadas. En estos escenarios, la ley permite aplicar descuentos más amplios que en otras deudas. En cambio, cuando se trata de compromisos con bancos, entidades financieras o particulares, rige una protección reforzada del salario mínimo. La Corte Suprema ha reafirmado que el límite absoluto de embargo salarial es del 50%, aplicable únicamente en dos circunstancias específicas: En todos los demás casos, el salario mínimo legal mensual es inembargable. En caso de que el trabajador perciba un monto superior a este, solo se podrá retener la quinta parte (20%) de lo que exceda el mínimo. Para quienes perciben ingresos superiores al salario mínimo, la ley establece un cálculo preciso. Primero se descuenta el valor del salario mínimo vigente y, sobre el excedente, se aplica el porcentaje permitido. Este mecanismo busca evitar que las retenciones afecten gastos esenciales como alimentación, vivienda o transporte y es de cumplimiento obligatorio para empleadores y autoridades judiciales. El auxilio de transporte, por su naturaleza, no suele incluirse dentro de la base para calcular el embargo, ya que su finalidad es cubrir el traslado al lugar de trabajo. La acumulación de obligaciones financieras puede derivar en procesos judiciales simultáneos, sin embargo, esto no permite sobrepasar los límites establecidos por la legislación. La normativa estipula que ningún embargo puede ignorar el mínimo vital, aun en situaciones donde existan varios acreedores. Cada procedimiento debe adherirse a los márgenes legales y a la jerarquía que la ley concede a ciertos créditos, tales como los alimentarios. El Código General del Proceso establece diversas modalidades de embargo, las cuales varían según la fase del proceso judicial: