El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó la suspensión inmediata del decreto que disponía el traslado masivo de afiliados entre entidades promotoras de salud en Colombia. La decisión judicial frena, por ahora, una medida que implicaba reorganizar el sistema de aseguramiento y mover a millones de usuarios hacia otras EPS. La norma había sido expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y contemplaba el traslado de cerca de seis millones de afiliados, muchos de ellos hacia la Nueva EPS. Sin embargo, una acción popular presentada por un ciudadano alertó sobre posibles riesgos para la continuidad en la atención médica. Con la medida cautelar decretada por el tribunal, los traslados quedan suspendidos mientras se analiza de fondo la legalidad del decreto y sus posibles efectos sobre el sistema de salud y los millones de pacientes que podrían verse afectados. El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera inmediata el decreto 0182 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que planteaba reorganizar el sistema de aseguramiento en salud mediante traslados masivos de usuarios entre EPS. Según el decreto, cerca de 6 millones de afiliados debían ser trasladados a otras entidades promotoras de salud, de los cuales aproximadamente 2,6 millones pasarían a la Nueva EPS. La decisión judicial implica que el traslado no podrá ejecutarse por ahora, mientras se analiza de fondo la legalidad de la medida y sus posibles impactos sobre el sistema de salud. La suspensión se originó tras una acción popular de urgencia presentada por un ciudadano que manifestó preocupación por el impacto que podría tener el traslado masivo de afiliados en la continuidad de los servicios médicos. En el documento presentado ante el tribunal se advierte que el decreto permitiría traslados obligatorios de millones de usuarios, lo que podría generar riesgos en la prestación del servicio si las entidades receptoras no cuentan con la capacidad suficiente. El demandante señaló además que la Nueva EPS enfrenta cuestionamientos relacionados con su capacidad financiera y operativa, lo que podría afectar tanto a los nuevos afiliados como a los usuarios que ya pertenecen a esa entidad. En su decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió que trasladar un gran número de afiliados a una sola EPS sin verificar plenamente su capacidad de atención podría generar consecuencias graves. Según el fallo, una medida de este tipo podría provocar un eventual colapso del sistema de atención de la entidad receptora, lo que tendría efectos negativos en la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para millones de pacientes. El tribunal también señaló que el decreto rediseñaba el aseguramiento con un modelo territorial que podría reducir la competencia entre entidades y concentrar el servicio en un número limitado de EPS. Con la suspensión del decreto, los traslados quedan congelados temporalmente. Esto significa que los afiliados seguirán perteneciendo a sus actuales EPS mientras la justicia analiza el caso. La medida cautelar ordena al Gobierno abstenerse de aplicar las disposiciones del decreto hasta que exista una sentencia definitiva que determine si la norma es válida o debe modificarse. Por ahora, el proceso de reorganización del sistema de aseguramiento en salud queda en pausa, a la espera de lo que resuelva la justicia sobre el futuro de la medida.