La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, cuestionó con firmeza la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su nombramiento, asegurando que el fallo presenta un análisis jurídico “débil” y se aparta del marco normativo aplicable. La funcionaria, que ocupa el cargo desde febrero de 2024, expresó su preocupación por la interpretación que hace el alto tribunal sobre su experiencia profesional y académica, la cual considera plenamente válida para ejercer la función pública que le fue asignada. El Consejo de Estado argumentó que Rusinque no acreditaba los diez años de experiencia requeridos, incluyendo la docencia universitaria, y cuestionó la relación de su formación académica con las funciones de la Superintendencia. Para la funcionaria, estas conclusiones son “conceptualmente insostenibles” y desestiman sin justificación suficiente tanto su trayectoria como los títulos obtenidos en instituciones reconocidas internacionalmente, incluyendo su maestría en Université Paris II Panthéon-Assas. En su pronunciamiento, Rusinque también advirtió sobre posibles defectos procedimentales en la sentencia y sobre la forma en que la decisión podría ser interpretada políticamente, planteando un debate sobre la independencia judicial y la legitimidad de los nombramientos en altos cargos públicos. El fallo de la Consejo de Estado determinó que Cielo Rusinque acreditó ocho años, seis meses y 25 días de experiencia profesional, mientras que la norma exige un mínimo de diez años, incluyendo labores de docencia y ejercicio profesional en áreas relacionadas con competencia, consumo y propiedad industrial. Asimismo, el tribunal puso en duda la relevancia de su formación de posgrado, considerando que la maestría cursada en Francia no guarda relación directa con las funciones del cargo. Este argumento generó la reacción inmediata de la funcionaria, quien sostiene que los estudios de la Université Paris II Panthéon-Assas están directamente vinculados con la supervisión de mercados y regulación del derecho público y constitucional. La superintendente aseguró que la sentencia establece exigencias no previstas en la normativa vigente, aplicando un estándar de valoración probatoria excesivamente restrictivo que ignora su experiencia como docente e investigadora en la Universidad Externado de Colombia y su trayectoria profesional en el ámbito público y privado. Además, calificó el análisis del Consejo de Estado como “débil” y alertó sobre el riesgo de que decisiones judiciales puedan ser utilizadas con fines políticos, lo que podría afectar la legitimidad de los nombramientos en altos cargos y generar un debate sobre la independencia judicial en Colombia. En su pronunciamiento, Rusinque destacó también la discrepancia dentro de la Sala, mencionando al magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, quien salvó su voto, reflejando diferencias académicas y jurídicas frente a la decisión adoptada.