Una reciente decisión del Quinto Circuito generó un giro histórico en la política migratoria de Estados Unidos. La corte federal respaldó la detención obligatoria de inmigrantes sin posibilidad de audiencia de fianza, incluso para quienes llevan años viviendo en el país y no tienen antecedentes penales. Este fallo podría redefinir el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos. La política respaldada por el fallo alcanza a una amplia gama de personas dentro del sistema migratorio estadounidense. Entre quienes podrían verse directamente afectados están: Esta política podría extender la detención a millones de no ciudadanos, reduciendo sustancialmente el acceso a audiencias de fianza durante el proceso de deportación. El tribunal del Quinto Circuito rechazó interpretaciones previas de la ley que consideraban que la detención obligatoria bajo la sección 235(b) de la INA aplicaba solo a personas detenidas en la frontera o inmediatamente después de ingresar. La mayoría sostuvo que el término “solicitante de admisión” incluye a quienes han permanecido en EE. UU. durante años y siguen en un proceso migratorio activo, por lo que el gobierno puede mantenerlos detenidos sin audiencia de fianza mientras ese procedimiento se resuelve. La jueza disidente, en cambio, advirtió que esta interpretación carece de precedente histórico y puede socavar garantías de debido proceso, argumentando que la ley original no pretendía extender la detención obligatoria más allá de ciertos límites tradicionales del derecho migratorio. La decisión no solo afecta el rumbo de las políticas migratorias en Estados Unidos en 2026, sino que también tiene profundas implicaciones humanas y sociales. Grupos de derechos civiles han advertido que la medida puede exacerbar el problema de hacinamiento en centros de detención, donde la mayoría de las personas detenidas carecen de antecedentes penales. Además, esta política refuerza una tendencia más amplia de control migratorio estricto, que incluye propuestas para suspender permisos de trabajo para solicitantes de asilo mientras se reducen procesos administrativos y se restringen derechos con base en criterios migratorios más rígidos. La controversia podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre si esta interpretación de la ley debe aplicarse en todo el país o limitarse. El resultado definirá no solo el destino legal de miles de inmigrantes, sino también los límites del poder ejecutivo en materia migratoria frente a las libertades civiles y el debido proceso legal.