La Suprema Corte de los Estados Unidos tomó una decisión que refuerza las protecciones legales con las que cuenta el servicio postal al momento de enfrentar demandas. El máximo tribunal determinó que los ciudadanos no pueden demandar al correo federal por correspondencia que no fue entregada, incluso cuando los empleados decidieron no repartirla de manera intencional. El fallo fue aprobado por cinco votos contra cuatro, lo que, si bien respalda la protección legal del Servicio Postal en Estados Unidos, evidencia una postura dividida. Esta decisión surgió a partir de una demanda presentada por Lebene Konan, una propietaria de viviendas en Texas que acusó a los trabajadores del correo de retener durante años las cartas dirigidas a ella y a sus inquilinos por motivos vinculados al prejuicio racial. La resolución está basada en la interpretación de la Federal Tort Claims Act, una ley federal de 1946 que permite demandar al gobierno, pero que incluye excepciones en lo que respecta al servicio postal. El juez Clarence Thomas, quien se encargó de redactar la opinión mayoritaria, afirmó que la protección legal del correo se extiende tanto la correspondencia perdida o rechazada como a los casos en los que esta no se entrega deliberadamente. Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor contradijo la postura general, afirmando que la inmunidad del servicio postal no debería aplicarse si la falta de entrega se atribuye a “motivos maliciosos” y su postura fue replicada otros tres jueces. Con esta resolución, la Suprema Corte reafirmó que el servicio postal federal mantiene una amplia protección legal frente a demandas relacionadas con el correo, incluso si la falta de reparto no se debe a motivos ocasionales.