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La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó que los estados tienen autoridad para prohibir a las mujeres trans participar en equipos deportivos femeninos en escuelas y universidades financiadas con fondos públicos. El fallo, dado a conocer el 30 de junio, resuelve dos casos clave: Little v. Hecox y West Virginia v. B.P.J.
La decisión fue redactada por el juez Brett Kavanaugh, quien entrenó durante años equipos de básquet femenino escolar, incluido el de sus propias hijas. La medida se suma a leyes que ya rigen en cerca de la mitad de los estados del país y que hasta ahora enfrentaban cuestionamientos legales.
¿Qué determinó la Corte Suprema sobre las atletas trans en las escuelas?
El fallo abarca dos situaciones distintas: la competencia universitaria de nivel varsity y los deportes en escuelas secundarias. En ambos casos, la Corte avaló que los estados excluyan a mujeres trans de las categorías femeninas cuando exista una ley local que así lo establezca.
Esta decisión llega un año después de que el mismo tribunal respaldara leyes que prohíben a médicos brindar tratamientos de afirmación de género a menores. Desde entonces, 25 estados ya prohibieron o criminalizaron ese tipo de atención médica para personas menores de edad.
En este momento, el fallo tiene alcance sobre:
- Deportes escolares de nivel secundario en escuelas públicas
- Competencias universitarias de nivel varsity
- Estados que ya cuentan con leyes propias sobre el tema (alrededor de la mitad del país)
¿Cómo impacta esta decisión a atletas y escuelas en Estados Unidos?
El fallo no crea una prohibición federal única, sino que da respaldo constitucional a las leyes estatales ya existentes. En la práctica, esto significa que las escuelas públicas de los estados con estas normas pueden aplicarlas sin temor a que sean revertidas por tribunales inferiores.
El debate sigue dividido: quienes apoyan las restricciones argumentan que buscan preservar la equidad en la competencia femenina, mientras que sus opositores sostienen que se trata de una forma de discriminación que viola la igualdad ante la ley.
En paralelo, algunos estados ya impulsan proyectos para extender restricciones similares a la atención médica de género en personas adultas.
