La Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México confirmó que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para aplicar a un trabajo específico dentro del ámbito público. Durante muchos años se limitó el acceso a un cargo clave del control del gasto estatal que despertaba el interés de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Ahora, el fallo desestimó la restricción, incluso para quienes tienen doble nacionalidad o adquirieron la ciudadanía por naturalización. En concreto, la decisión deja sin efecto una norma que exigía ser mexicano por nacimiento para dirigir la Auditoría Superior del estado de Durango. De esta manera, se refuerza el criterio constitucional que impide imponer requisitos de nacionalidad que no estén expresamente establecidos a nivel federal. El máximo tribunal determinó que el Congreso del estado de Durango se excedió en sus atribuciones al imponer condiciones adicionales para ocupar este cargo. En particular, se exigía no solo ser mexicano por nacimiento, sino también no contar con otra nacionalidad, lo que fue considerado una restricción injustificada. Además, la Corte invalidó parte de la normativa local (el artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Durango) al señalar que únicamente la Constitución o las leyes federales pueden definir qué puestos requieren este tipo de requisitos. Esto refuerza un criterio jurídico que busca garantizar igualdad en el acceso al empleo público. Con la eliminación de esta exigencia, el puesto queda habilitado para un universo más amplio de ciudadanos mexicanos. Esto incluye tanto a personas que adquirieron la nacionalidad por naturalización como a quienes poseen doble ciudadanía. Para postularse, los interesados deberán cumplir con las condiciones generales previstas por la ley: Finalmente, la Corte ordenó que el Congreso de Durango adecúe su legislación a este nuevo criterio. Con esta decisión, el tribunal vuelve a marcar un límite claro sobre las facultades de los estados en materia de acceso al empleo público.