El estado de Texas aprobó una ley que, de entrar en vigor el 15 de mayo de 2026, permitiría a la policía estatal arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera de manera irregular. La norma, conocida como Senate Bill 4, crearía un delito a nivel estatal por ingreso no autorizado al país y habilitaría a autoridades texanas —no federales— a deportar a quienes resulten condenados. No se trata de una deportación inmediata ni automática: el proceso requiere arresto, juicio y condena. La ley fue aprobada en 2023 por la Legislatura de Texas en respuesta al aumento en los cruces fronterizos, pero permaneció suspendida por años debido a impugnaciones legales. Un tribunal federal de apelaciones levantó recientemente la orden que la mantenía bloqueada, lo que habilitó su entrada en vigor para el 15 de mayo, salvo que otro tribunal la detenga nuevamente. SB 4 crea cuatro mecanismos legales con impacto directo sobre los migrantes sin papeles en Texas. Primero, tipifica como delito estatal el reingreso al país sin autorización, incluso si la persona obtuvo estatus legal con posterioridad. Segundo, otorga a los magistrados estatales la facultad de ordenar la deportación de una persona condenada bajo esta ley. Tercero, penaliza el incumplimiento de esa orden de deportación. Cuarto, exige que los magistrados continúen con el proceso aunque haya un caso de inmigración pendiente, como una solicitud de asilo. Es fundamental aclarar el alcance real de la norma: SB 4 aplica a quienes sean detenidos bajo sospecha de cruce irregular y luego resulten condenados. No es una deportación automática al momento del arresto. Tampoco es una acción del gobierno federal: el proceso sería ejecutado íntegramente por autoridades estatales de Texas, lo que contradice la doctrina legal vigente que considera la política migratoria una atribución exclusiva del gobierno de los Estados Unidos. Un grupo de organizaciones de derechos civiles —entre ellas el Texas Civil Rights Project y la ACLU— presentó una nueva demanda judicial el lunes para bloquear cuatro disposiciones clave de SB 4 antes de su entrada en vigor. El argumento central es que la ley es inconstitucional porque la regulación migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal y no puede ser reemplazada por legislación estatal. La norma enfrenta así una nueva batalla legal antes de llegar a aplicarse. Si un tribunal accede al pedido de las organizaciones, SB 4 volvería a quedar suspendida. En caso contrario, entraría en vigor el 15 de mayo. Los latinos y mexicanos que viven o transitan por Texas sin documentación deben saber que, por ahora, la ley no está vigente, pero que su situación podría cambiar en días dependiendo de lo que resuelva la justicia.