La Suprema Corte mostró señales de apoyo al gobierno de Donald Trump en un caso que podría redefinir el acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. El eje del conflicto es la posibilidad de rechazar solicitudes cuando los cruces estén saturados, una medida que podría endurecer aún más las reglas para miles de migrantes. Durante las audiencias, los magistrados analizaron la legalidad de una política conocida como “metering”, que permite limitar el ingreso de solicitantes de asilo cuando las autoridades consideran que no pueden procesar más casos. El gobierno de Donald Trump busca reactivar esta herramienta, que había sido eliminada durante la gestión de Joe Biden en 2021. La medida autoriza a los agentes fronterizos a rechazar migrantes en la frontera e incluso posponer indefinidamente sus solicitudes. El caso llegó al máximo tribunal luego de que el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito determinara que esta práctica violaba la ley federal. El debate jurídico gira en torno a una pregunta central: ¿cuándo un migrante realmente “llega” a Estados Unidos? Según la legislación vigente, cualquier persona que llega al país tiene derecho a solicitar asilo y debe ser evaluada por un funcionario. Sin embargo, el gobierno sostiene que quienes son retenidos en territorio mexicano no cumplen con esa condición. Durante la audiencia, el abogado del Departamento de Justicia defendió esta postura al afirmar que un extranjero no puede ser considerado dentro del país si permanece físicamente fuera de sus fronteras. Este argumento fue analizado por jueces como Amy Coney Barrett, en un tribunal que actualmente cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3. La política de control de solicitudes de asilo no es nueva. Comenzó a aplicarse en 2016 bajo la presidencia de Barack Obama, en medio de un aumento en los flujos migratorios, y fue formalizada en 2018 durante el primer mandato de Trump. Ahora, el gobierno republicano busca reinstaurarla como parte de un paquete más amplio de medidas para endurecer el control fronterizo. Además, este caso es independiente de otras decisiones recientes que también generaron polémica, como la posibilidad de deportar migrantes a terceros países o revocar protecciones temporales para miles de extranjeros. El fallo definitivo de la Suprema Corte de Estados Unidos se espera para junio, pero el impacto podría ser inmediato en la política migratoria. En paralelo, el tribunal analizará en las próximas semanas otros temas sensibles, como la legalidad de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y la eliminación de protecciones para migrantes de distintos países.