El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad legal de embargar bienes y congelar cuentas bancarias cuando los ciudadanos y residentes no cumplen con las estrictas normas impuestas por la ley. A través de distintos mecanismos de cobro y con respaldo normativo, las autoridades pueden intervenir activos financieros y propiedades de personas que adeuden obligaciones al Estado. Las autoridades pueden congelar las cuentas e intervenir los bienes de los inmigrantes indocumentados que tengan una orden final de deportación sin cumplir, especialmente cuando esa orden esté acompañada de multas migratorias impagas o sanciones administrativas firmes. También pueden verse alcanzadas aquellas personas que ignoraron notificaciones oficiales de tribunales o agencias federales, que acumularon deudas vinculadas a procesos migratorios o que no respondieron a requerimientos de pago dentro de los plazos establecidos. Los embargos no se aplican inmediatamente. Para que sea válido, suele requerirse una orden judicial o una resolución administrativa firme. Antes de congelar cuentas o intervenir propiedades, las autoridades deben notificar al afectado, otorgar plazos de respuesta y permitir instancias de apelación.