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El Gobierno de los Estados Unidos establece una regulación clara sobre las cuentas bancarias. Cada año, todos los contribuyentes deben completar trámites específicos para informar sobre su actividad económica y activos financieros.
De lo contrario, aquellos que no cumplan con la normativa corren el riesgo de enfrentar severas consecuencias, incluyendo el embargo de bienes y la intervención de cuentas bancarias.
El Gobierno embargará propiedades y congelará cuentas bancarias
La política “Regreso a casa” del presidente Donald Trump tiene como objetivo confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de personas en situación de inmigración ilegal. Esta estrategia busca desincentivar la permanencia ilegal en el país y reducir los recursos disponibles para aquellos que han ingresado sin autorización.
Esta política se inscribe dentro de las políticas de tolerancia cero implementadas por el actual gobierno en el sistema migratorio. Si bien la confiscación de bienes a criminales no es una práctica inédita en Estados Unidos, su aplicación generalizada a inmigrantes en función de su estatus migratorio requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del derecho civil y penal.
¿Es legal la confiscación de inmuebles y cuentas bancarias sin orden judicial?
La Corte Suprema ha determinado que todas las personas que se encuentren en el territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, están protegidas por la Cuarta Enmienda, la cual prohíbe registros e incautaciones “irrazonables” sin orden judicial o causa probable.
En Estados Unidos, estar en situación migratoria irregular no es un delito penal, sino una infracción civil. Por lo tanto, la confiscación de bienes únicamente por esta razón, sin ninguna conducta delictiva asociada, no es legal bajo la Constitución ni bajo el debido proceso.
Por este motivo, todo indica que, si el gobierno de Donald Trump intenta avanzar en esta dirección, se abrirá una dura batalla en los tribunales.
