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El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE) ejecutó la cancelación masiva de tarjetas de crédito federales, en el marco de su estrategia para reducir costos y combatir posibles irregularidades.
Según datos oficiales, al menos 470,000 tarjetas fueron desactivadas, afectando a miles de empleados y más de 30 agencias federales que dependían de estos instrumentos para su funcionamiento operativo.
La decisión surge luego de un programa piloto de auditoría de cinco semanas, cuyo objetivo fue identificar tarjetas de créditoinactivas, duplicadas o asignadas a personas ya desvinculadas del gobierno. En ese primer proceso se detectaron cerca de 300,000 tarjetas inactivas o redundantes, las cuales fueron eliminadas para evitar fraudes y optimizar el uso del dinero público.
¿Qué es el DOGE y por qué cancela tarjetas de crédito?
DOGE fue creado en enero de 2025, durante el segundo mandato de Donald Trump, con el objetivo de reformar la estructura del Estado. Aunque no fue ratificado por el Congreso, actúa como un comité asesor presidencial que ya ha tomado decisiones controversiales, como el cierre de la USAID.
En este caso, la cancelación de tarjetas fue justificada por la necesidad de frenar el fraude, especialmente luego de denuncias que involucraban el uso indebido de beneficios por parte de personas fallecidas.
¿Qué agencias y empleados se ven afectados por la cancelación de tarjetas?
El recorte impacta especialmente a departamentos vinculados con programas sociales, agencias operativas y contratistas federales, que utilizaban estas tarjetas para gastos diarios y proyectos oficiales. Sin acceso a fondos, muchas oficinas han tenido que frenar operaciones o buscar alternativas de financiamiento, generando una crisis interna en varias dependencias.
Las tarjetas formaban parte de una red activa de 4.6 millones de cuentas, que solo en el año fiscal 2024 procesaron transacciones por casi USD 40,000 millones de dólares. La auditoría también detectó cuentas duplicadas y tarjetas asignadas a personas mayores de 120 años o menores de edad, lo que motivó nuevas normas de validación.
Aunque el gobierno defiende la medida como un paso clave hacia la eficiencia, críticos advierten sobre el efecto dominó que podría generar esta cancelación masiva en la operatividad estatal. La situación pone en jaque a múltiples agencias y anticipa nuevas polémicas sobre el rol y alcance del DOGE en la gestión pública de Estados Unidos.
