Varias cámaras empresariales de Uruguay se distanciaron del documento final del Diálogo Social que anunció el presidente Yamandú Orsi. “No recoge nuestros aportes ni respecta los criterios que entendíamos esenciales para su desarrollo”, afirmaron la Confederación de Cámaras Empresariales (CFE), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y la Cámara Mercantil del Producto del País (CMPP), a través de un comunicado conjunto. El proceso de Diálogo Social contó, durante un año, con una amplia participación que incluyó 29 conversatorios en los 19 departamentos, más de 100 exposiciones en seminarios técnicos, 66 audiencias con delegaciones y 56 propuestas recibidas a través de la plataforma digital. Luego, se avanzó en la búsqueda de acuerdos, con énfasis en la síntesis de los aportes y la redacción del informe final. Las principales cámaras empresariales del país decidieron no respaldar el documento final del llamado Diálogo Social. Argumentaron que se unieron a este diálogo “con una actitud constructiva y una clara vocación de contribuir al análisis y a la formulación de propuestas” en el tema convocante, las conclusiones a las que se llegaron no tuvieron en cuenta su postura y aportes. Las principales “discrepancias” de las cámaras –que nuclean a la mayor parte de las empresas del país- consisten en la falta de “criterios” que, desde el sector empresarial, entendían “esenciales para el desarrollo” del Diálogo Social. Las gremiales explicaron que realizaron aportes técnicos y presentaron propuestas concretas, elaboradas por equipos especializados, a partir de la convicción de que “el diálogo es el camino adecuado para abordar desafíos complejos y avanzar en la construcción de acuerdos duraderos”. “Pero entendemos que el diálogo exige condiciones de equilibrio, reglas claras y una consideración efectiva de las distintas posiciones”, apuntaron. “Desde el inicio sostuvimos una posición clara: su abordaje debe realizarse con una visión integral, que contemple objetivos, costos, fuentes de financiamiento y sostenibilidad en el tiempo”, señala el comunicado de las cámaras empresariales que entendieron que estos aspectos “no fueron debidamente considerados en el resultado final”. Otros puntos que no fueron incorporados fueron la promoción del empleo formal y la mejora de la transición entre la educación y el trabajo, “que deben ocupar un rol central en cualquier política de protección social que aspire a ser efectiva y perdurable”. Los empresarios sostienen que debido que el documento elevado al Poder Ejecutivo “no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales, consideramos necesario dejar constancia de nuestras discrepancias y acercar nuestros insumos para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas”. En ese sentido, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, explicó que las cámaras trabajan en otro documento que le entregarán el gobierno como un “informe en minoría”. “Van a estar detalladas las discrepancias técnicas que tuvimos y algunas discrepancias que entendemos de procedimientos políticos”, aseguró. Loureiro detalló que uno de los puntos de mayor diferencia en el sector empresario corresponde a las modificaciones que alcanzan al sistema de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). “Entendemos que hoy existe un sistema de AFAP que está probado, tiene 30 años, hoy hay tres privadas y una pública. Hay una forma de poder mantener los criterios de competencia”, consideró Loureiro, que rechazó la idea de “crear una nueva institución estatal”, como propone el documento final del Diálogo Social. “Estamos en contra de cualquier creación de cosas nuevas estatales, que eso después va a tener un costo. No está asegurado que eso sea mejor que lo que hoy está”, agregó.