El gobierno prevé que alrededor del 30% de los trabajadores, en especial los de menores ingresos, puedan acceder a una jubilación anticipada a los 60 años de edad, en las mismas condiciones que regían antes de la reforma del sistema previsional aprobado en el año 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, aseguró que esta propuesta – contenida dentro del llamado Diálogo Social- “está diseñada de tal manera que no tiene impactos fiscales ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo”. Arim explicó que “la edad normal de retiro va a ser 65 años”, y que la posibilidad del retiro anticipado, a los 60 años, “va a estar abierta para todos”. No obstante, no a todos los trabajadores les puede convenir jubilarse antes de los 65 años. Quienes accedan a un beneficio por hacerlo antes, a los 60 años, serían los trabajadores de menores ingresos que representan el 30%, explicó. “La posibilidad de acceder a un régimen de retiro anticipado - vuelvo a decir, la edad normal de retiro es a los 65 años - va a estar abierta para todos, lo que sucede es que a muchos de nosotros no nos va a convenir”, dijo el director de la OPP en declaraciones a Canal 10. “Los trabajadores que reciben el pilar solidario”, los de menores ingresos, explicó, “van a ser una tercer parte, está en el entorno a eso, hay que afinarlo, van a tener la posibilidad de jubilarse en condiciones similares a las previas del 2023. El resto de nosotros podrá hacerlo, pero me autofinancio ese adelanto de la jubilación, no se lo traslado a la sociedad”, agregó. Esto significa que un trabajador de ingresos medios o altos podría retirarse a los 60 años, pero recibiría en ese caso una jubilación menor a la que tendría si siguiera trabajando hasta los 65 años, o más. “Lo que va a recibir en general es una tasa de retorno menor, uno se autofinancia el derecho, la libertad de poder jubilarnos antes de los 65 años. Pero la edad normal va a ser 65 años”, explicó. Arim aseguró que las conclusiones y recomendaciones que surgieron del Diálogo Social, “no son vinculantes”. “Nosotros no tenemos definida una hoja de ruta, lo que tenemos definido es que a partir de ese diagnóstico podemos analizar alternativas, que no son necesariamente las que están diseñadas ahí. Podemos analizar alternativas que mejoren el funcionamiento de ese pilar, y por supuesto que las alternativas tienen sentido si mejoran las prestaciones que brinda el servicio a las personas”, explicó el jerarca. “No está definido que esa sea la reforma a instrumentar o proponer, es la recomendación, y vuelvo a decir, es lo que esperábamos, recomendaciones no vinculantes”, reiteró. Explicó que el Poder Ejecutivo “no está asumiendo ningún diseño y ninguna propuesta en concreto, en ninguna de las áreas, lo que está recibiendo son insumos”. Arim también fue consultado sobre los cambios en el sistema de Asignaciones Familiares y la posibilidad de no exigir más que los hijos concurran a la escuela o el liceo como condición para cobrar esa prestación económica. El director de la OPP dijo que muchas veces la Asignación Familiar “es el último vínculo” que tiene una familia con el Estado, y que en esos casos, cortar con esa prestación económica, podría significar la desconexión total de esa familia de los servicios públicos.