Lubetkin firmó un nuevo sumario para Bustillo, con separación de cargo y retención del 50% del sueldo. La decisión del actual canciller está basada en las reiteradas negativas del ex canciller para declarar ante el Departamento de Jurídica de la Cancillería, que lleva adelante una investigación interna por la desaparición de documentos clave en el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset mientras se encontraba preso en Emiratos Árabes Unidos, lo que permitió su libertad.
Los responsables de la investigación comenzaron a citar a funcionarios y autoridades de la época, que ocuparon cargos entre 2021 y 2022. Entre otros declaró el exdirector de Asuntos Jurídicos, Carlos Mata.
Bustillo -quien fue canciller en el gobierno de Luis Lacalle Pou- es funcionario de carrera de la Cancillería y actualmente se desempeña como asesor del diputado del Partido Nacional, Juan José Olaizola.
Bustillo fue sumariado anteriormente en octubre del 2025 por el Ministerio de Relaciones Exteriores por la destrucción de un documento que tenía una vinculación con el caso Marset.
El narcotraficante uruguayo fue arrestado en 2021 en Emiratos Árabes Unidos por utilizar un pasaporte falso para viajar a Turquía.
El caso Marset
Durante su detención, Marset solicitó un pasaporte uruguayo a través de su abogado, Alejandro Balbi.
El 31 de octubre de 2021, la Cancillería uruguaya emitió una carta oficial en inglés, firmada por el embajador Álvaro Ceriani, que indicaba que Marset estaba en condiciones de tramitar un pasaporte uruguayo una vez que saliera de prisión.
Esta carta fue utilizada por la defensa de Marset para argumentar que no tenía necesidad de utilizar un pasaporte falso, ya que podía obtener uno legal de Uruguay.
Gracias a esta gestión, el narcotraficante fue liberado en diciembre de 2021, tras ser absuelto en juicio, y pudo abandonar Emiratos Árabes antes de que se emitiera una requisitoria internacional en su contra.
Este caso desnudó varias fallas en la coordinación entre los diferentes niveles del gobierno. El entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, había consultado por correo el 21 de setiembre si Marset estaba detenido, conociendo que era un narco “peligroso y pesado”.
Sin embargo, cuando volvió a preguntar el 3 de noviembre, la vicecanciller Carolina Ache le confirmó la detención, pero no le informó que se había gestionado documentación oficial.
El escándalo derivó en 2022 en una crisis política sin precedentes que provocó la renuncia de Bustillo, del entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, de Maciel y del asesor y vocero político del presidente Lacalle Pou Roberto y de la vicecanciller Ache.
Las autoridades de Emiratos Árabes aclararon poco después que Marset fue liberado por falta de pruebas y no por el pasaporte uruguayo, pero este caso dejó en evidencia el poder del narcotraficante para utilizar las instituciones del Estado en su beneficio.
