La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió solicitar una reunión con todos los partidos políticos para promover una nueva ley sobre financiamiento de los partidos políticos, que limite el aporte que puedan hacer los privados a la campaña electoral.

“Los partidos políticos tienen una prioridad, la número uno, una ley de financiamiento que evite que el narco se meta en la política”, dijo el presidente del FA, Fernando Pereira. Sostuvo que hasta el momento no se creó esta ley “porque el Partido Nacional no quiso”.

Pereira señaló que buscará el diálogo con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, “para plantear con sobriedad la necesidad de discutir entre los partidos la discusión del financiamiento”.

Para Pereira “lo central” es “si nos puede financiar cualquiera, un día se nos van a meter, y el día que se nos metan, no sé cómo vamos a resolver el problema, porque ya hemos visto en América Latina que es letal para la política”.

Luego de una primera resolución en la que se convocó a “una reunión de trabajo” con las bancadas de ediles y legisladores, el Secretariado Ejecutivo del FA lanzó una nueva declaración a raíz de las conexiones políticas de la operación Trazador, por la que Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos y y tráfico de municiones.

Leiva figuraba como asesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. En el operativo policial también estuvo involucrado el hijo de Pablo Leiva, Lucio, también asesor de Gómez y vicepresidente de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional.

Lucio Leiva fue detenido, pero posteriormente liberado y descartado en la investigación policial que culminó con la incautación de 265 kilos de drogas -141,590 kilos de pasta base y 124,154 kilos de cocaína- en una casa en el barrio Brazo Oriental. La droga está valuada en unos 3 millones de dólares

En la casa de Leiva, se incautaron también unos 3 millones de pesos, 42 mil dólares, vehículos de alta gama y municiones para fusiles Ak-47..

“Los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas de nuestra fuerza política”, señaló el FA en el comunicado.

La fuerza política reafirmó su “compromiso absoluto con la defensa de las instituciones públicas y la confiabilidad del sistema político en su conjunto”.

En ese marco, el FA consideró “imprescindible” convocar “una reunión urgente de los partidos políticos con representación parlamentaria para impulsar iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”.

El domingo, luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos del PN derivó el caso a la Comisión de Ética y, al mismo tiempo, aceptó la renuncia de Leiva como integrante de la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo.

Además, Gómez resolvió desvincular a Leiva como su asesor y solicitó licencia en el Honorable Directorio del PN –que integra en representación de la juventud nacionalista– “hasta aclarar todas las responsabilidades en estos episodios”.

El lavado de dinero

La investigación sobre un esquema de lavado de activos contra Leiva apunta a operaciones de compraventa de divisas a través de un cambio de un local de una red de pagos en el barrio Pérez Castellanos, propiedad de la esposa del director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el ex legislador blanco Jorge Gandini.

En ese sentido, el FA consideró que las decisiones adoptadas el domingo por el PN “avanzan en la dirección adecuada”. No obstante, la fuerza política solicitó a las autoridades del PN “una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio”, en referencia al edil Gómez.

Fuente: Federico GutierrezFederico Gutierrez

De igual forma, instó a que la bancada nacionalista en la Junta Departamental de Montevideo “brinde explicaciones al cuerpo, despejando dudas sobre los hechos”.

“Actuamos con la máxima responsabilidad que la ciudadanía nos exige, analizando en profundidad el alcance del hecho concreto, exigiendo transparencia y, sobre todo, impulsando las reformas de fondo que impidan que el crimen organizado condicione la política uruguaya”, manifestó el FA.

“Es fundamental que las investigaciones del sistema de justicia y los mecanismos de contralor posibiliten llegar al fondo del asunto con la finalidad de evitar la degradación de la calidad democrática”, sostiene el FA en la declaración.

Molestia entre los blancos

El senador nacionalista Javier García cuestionó esta declaración del FA, que “no tiene autoridad política ni ética para hacer emplazamientos al Partido Nacional”.

“Bastante tuvimos con su vice (Raúl) Sendic y con la camioneta Hyundai del presidente como para andar dando clases. Y menos para poner nota a los demás. Asumir la gravedad de la amenaza narco requiere unir a las instituciones y no dividir en base de una pretendida superioridad moral”, escribió García.