La fiscal federal de la ciudad de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, se pronunció a favor de que la demanda sea tramitada en un juzgado de esa localidad.
Los parlamentarios presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios contra Uruguay y la multinacional de origen chileno HIF Global por el millonario proyecto para la instalación de una planta de combustible sintético en Paysandú, sobre el río Uruguay, a unos tres kilómetros de la ciudad argentina de Colón.
No se presentaron estudios ambientales
La fiscal Minatta consideró en su dictamen que aunque se demandó a un Estado extranjero, no es competencia de la Corte Suprema de Argentina asumir este caso y que, por esa razón, que debe tramitarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
En la demanda los tres legisladores argentinos plantearon que Uruguay no ha presentado ante la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU) los estudios previos ambientales, según impone el Estatuto del Río Uruguay.
“Uruguay avanza unilateralmente otorgando autorizaciones, permisos y aceptando documentación de la firma empresarial, pero por fuera de la CARU, en donde se encuentra obligado a presentar toda la documentación y estudios para que Argentina controle y evalúe el proyecto de la obra en resguardo del ambiente y sanidad del río Uruguay”, señala la demanda.
El caso de Botnia
La denuncia plantea que Uruguay tampoco cumple con la jurisprudencia fijada en 2010 por la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, la demanda entablada en 2006 por Argentina contra Uruguay por la instalación, también a orillas del río Uruguay, una planta de pasta celulosa de la finlandesa Botnia (luego UPM).
Los parlamentarios solicitaron a la Justicia argentina distintas medidas preventivas, incluyendo un reconocimiento judicial de las costas del río Uruguay y el análisis de las aguas de ese curso fluvial.
Esta demanda se suma al anuncio del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo que su “compromiso” es ir “con todas las de la ley” para frenar la obra de la planta de combustibles sintéticos, frente a la ciudad de Colón.
La planta prevé una producción de hasta 876 mil toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde y se estima que demandará una inversión total de casi 6 mil millones de dólares, lo que incluye la construcción de un parque de energía solar y otro eólico.