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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, planteó este miércoles ante empresarios de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) una advertencia contundente: la seguridad y la atención de la pobreza infantil son dos frentes inseparables para preservar el “modelo de convivencia” uruguayo y mantener la capacidad del país para atraer inversiones y residentes.
En un discurso orientado a justificar el incremento de recursos que propone la Rendición de Cuentas, Oddone vinculo explícitamente la inversión en seguridad con el fortalecimiento de las políticas sociales dirigidas a la niñez. “Si nosotros no hacemos algunas cosas importantes en materia de seguridad y en materia de atención a la pobreza infantil para atender nuestro modelo de convivencia, una buena parte de nuestro activo para atraer inversiones, para atraer gente que venga a vivir a Uruguay, está afectado”, afirmó.
El ministro explicó que la iniciativa presupuestal prevé la creación de 300 cargos policiales —una cifra inferior a los 2.000 solicitados por el Ministerio del Interior— y un incremento de recursos por más de 16 millones de dólares anuales para implementar nueva tecnología y reforzar la presencia en zonas sensibles, en particular el área metropolitana de Montevideo y algunas ciudades del interior. “Es un tema central”, subrayó Oddone al defender la partida.
Pero la propuesta, dijo, no puede leerse aisladamente: debe convivir con un mayor énfasis en las transferencias y programas dirigidos a la infancia. Según el ministro, Uruguay enfrenta un rezago preocupante en este sentido: “por cada adulto mayor pobre hay 9 o 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres”, señaló, para luego calificar la situación como “una bomba de tiempo” que, de no corregirse, afectará la convivencia y empujará a la sociedad hacia repliegues típicos de otras naciones de la región.
Oddone sostuvo que alrededor de medio millón de personas se encuentran en situación vulnerable y que la política pública debe priorizar seguridad, atención de la población en situación de calle y niñez. “Eso requiere poner foco y recursos en seguridad, en situación de calle y en niñez. Y eso supone, como los recursos no son infinitos, que hay lugares donde no vamos a poder poner recursos como nosotros deseamos”, explicó, anticipando que la Rendición de Cuentas implica revisar orientaciones del gasto público.
El ministro admitió la dificultad política y técnica para avanzar: “es muy trabajoso empezar o hacer cosas, porque siempre hay un pero, una opción y un mejor así o mejor así y eso nos lleva a que no arranquemos nunca”. En esa línea, insistió en la necesidad de consenso y de voluntad para priorizar esos objetivos en medio de limitaciones presupuestales.
Reacciones y desafíos pendientes
La propuesta supone un equilibrio complejo entre demandas de seguridad —con la exigencia del Ministerio del Interior de 2.000 nuevos efectivos— y la ampliación de políticas sociales. Para su concreción, la Rendición de Cuentas requiere apoyo parlamentario, un factor que el Gobierno ha venido negociando ante la ausencia de mayoría automática.
Además, la asignación de recursos para personal y tecnología policial choca con límites fiscales y con la discusión pública sobre la mejor manera de abordar la inseguridad: refuerzo de fuerzas, inversión en prevención, programas sociales, reforma penitenciaria, entre otras alternativas. En cuanto a la niñez, el desafío es diseñar transferencias y políticas focalizadas que rompan la reproducción intergeneracional de la pobreza sin descuidar la eficiencia del gasto.
Perspectiva
El planteo de Oddone coloca a la Rendición de Cuentas en el centro de un debate que combina prioridades sociales, seguridad pública y la capacidad de Uruguay para sostener su atractivo económico. El cruce entre estas agendas —y la necesidad de recursos limitados— promete marcar la discusión política de las próximas semanas, en un contexto donde las decisiones presupuestales tendrán efectos sobre la convivencia, la inversión y el futuro social del país.
