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Luego del reclamo de usuarios por el agua turbia, con olor y sabor desagradable en varias zonas de Montevideo, OSE aseguró que el suministro “es apto para consumo humano”. La empresa estatal atribuye esta situación a un prolongado déficit hídrico y a condiciones excepcionales de escurrimiento derivadas de la sequía.
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, explicó que la presencia de agua con coloración marrón y olor inusual responde a una combinación de factores climáticos poco frecuentes. Explicó que la primavera fue particularmente seca y durante enero prácticamente no se registraron lluvias, salvo episodios puntuales, lo que provocó que el escurrimiento hacia los cursos de agua con una carga excepcionalmente alta de sedimentos y materia orgánica.
Ferreri señaló que estas condiciones de escurrimiento son “las peores registradas en los últimos 45 años” y que el fenómeno impactó en la calidad visual del agua, aunque no en su potabilidad. En declaraciones a Canal 4 el jerarca indicó que OSE aplicó tratamientos químicos específicos y utilizó reservas del embalse de Paso Severino para diluir y limpiar el caudal más afectado.
Este embalse tiene una capacidad total de 65 millones de metros cúbicos y actualmente cuenta con unas reservas de 50 millones, lo que obliga a un manejo cuidadoso ante la previsión de lluvias por debajo del promedio durante enero y febrero, recordó Ferreri.
En ese contexto, el jerarca destacó la necesidad de contar con nuevas reservas de agua bruta dulce, como las que aportaría el proyecto de la represa Casupá, al que definió como una obra clave para fortalecer la seguridad hídrica del área metropolitana frente a escenarios climáticos cada vez más extremos.
Exoneración del pago
En tanto, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, solicitó que se evalúe la exoneración del pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de enero para los usuarios afectados.
Schipani sostuvo que el agua suministrada presentó condiciones inapropiadas para el consumo, generando preocupación sanitaria y “un perjuicio concreto a los usuarios”, más aún en un contexto de aumento tarifario del 8,5% este año. A su juicio, la exoneración no sería un beneficio gracioso, sino una compensación mínima frente a una prestación defectuosa del servicio.
