Historia de un despojo

El actual Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos fue sancionado por ley 23.548 en 1988 durante el gobierno de Alfonsín y en el marco de la dura interna Justicialista por la candidatura presidencial entre Menem y Cafiero. Las deliberaciones fueron presididas por José M. Vernet, entonces Gobernador de Santa Fe y uno de los principales dirigentes del sector cafierista con hegemonía absoluta entre los gobernadores. Cada provincia estaba representada por sus ministros de Hacienda o Gobierno.
En el caso de La Rioja, me tocó asistir a varias de las reuniones y acompañar, como Ministro de Gobierno, a Carlos Menem en la firma del acuerdo final. Fue un verdadero despojo que condenó al desfinanciamiento de dos provincias argentinas; La Rioja, que perdió un punto de coparticipación (hoy $1.500 millones) y Buenos Aires que perdió seis puntos (más de $ 10.000 millones), respecto del Acuerdo Financiero Transitorio entre la nación y las provincias que regía.
¿Y como fue que las dos provincias cuyos gobernadores eran los candidatos presidenciales fueran las más perjudicadas?. Muy simple, Cafiero, que tenía el apoyo de la totalidad de los gobernadores, era el favorito de esa elección y decidió distribuir entre las provincias que lo apoyaban parte de la coparticipación de la Provincia de Buenos Aires, pensando que una vez en la Presidencia le repondría a su provincia los puntos cedidos, y a La Rioja le restaron casi el 50% de sus ingresos, obligando a quién iba a ser el principal opositor, a venir todos los meses a pedir en la Nación el dinero para pagar los sueldos. Ante el reclamo de Menem por este atropello se decidió la creación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con tres puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipable, para atender las urgencias financieras de nuestras provincias (hoy la partida de ATN lleva acumulados $15 mil millones porque hace tres años que la Nación se apropia indebidamente de estos fondos), firmándose el Acta respectiva ante el Ministro del Interior, Nosiglia, con el compromiso de garantizar para La Rioja la suma de 90 millones de australes por año y el resto para atender los desequilibrios financieros de las provincias, fundamentalmente Buenos Aires. Dicha acta fue refrendada por Cafiero y Eduardo Menem, entre otros.
Pero el futuro, prolijamente diseñado por el sistema político, fue derrumbado por el voto popular. Menem fue electo Presidente y el encargado de reparar aquella injusticia, creando, por iniciativa de Duhalde, el Fondo del Conurbano Bonaerense afectando para ello un porcentaje del Impuesto a las Ganancias. Luego ese porcentaje fue sustituido por una suma fija que hoy parece una broma: $650 millones. Para imponer un comisariato político sobre Buenos Aires, Néstor y CFK mantuvieron congelados estos fondos, con lo cual el ahogo financiero por el que someten a la provincia argentina ya resulta política y socialmente insoportable.
En cuanto a La Rioja, Menem siguió asistiéndola con $250 millones en ATN. De La Rúa lo redujo a $189 millones, pero a cambio incluyó dicha asistencia en la Ley de Presupuesto, luego Kirchner la actualizó a los $450 millones que recibe actualmente, ya que CFK también congeló los recursos, cumpliendo con una parte del diseño político de aquella interna peronista: obligar al gobernador a venir cada vez más seguido a Buenos Aires a pedir el dinero de los riojanos.
La Constitución del 94 reconoció esta situación indigna para el Federalismo argentino estableciendo como plazo perentorio el 31/12/96 para la sanción de una nueva Ley de Coparticipación.
Lo destacable de esta historia que mantiene de rehenes del Gobierno Nacional al pueblo argentino, es que en todas las campañas electorales Néstor y CFK se comprometieron a reparar esta injusticia. Y no es difícil para Cristina, sólo debe sacar del freezer el Fondo del Conurbano Bonaerense, devolver a las provincias, comenzando por La Rioja, los ATN y convocar a discutir una nueva y más justa distribución de los ingresos entre la nación y los Estados Federales.
Obviamente, para ello la Presidenta debe abandonar el rol de comisario político y asumir el de Estadista.
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