Luego del fracaso de su concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, que posee dos plantas industriales ubicadas en Arenaza y Córdoba, fue considerada como “la última joya” del Grupo Vicentin, pero estaba gerenciada desde hace dos años y medio por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país. alrededor de 400 personas se quedaron sin empleo.

Afectada, principalmente, por los Precios Justos y los daños colaterales que le salpicó el concurso de Vicentin, ARSA atravesaba una situación financiera inestable desde diciembre de 2023. Al momento de la apertura de su concurso, la compañía le atribuyó su desequilibrio financiero a la situación general de la economía argentina, un batido de difícil digestión entre caída del consumo, inflación, escasez y encarecimiento de materia prima, subas de mano de obra, el "vertiginoso aumento del costo de capital de trabajo" y "las constantes y significativas devaluaciones del peso“, describió en ese entonces.

"Todo ello, sumado a políticas estatales que perjudicaron notablemente a la sociedad“, agregó. En este punto, mencionó las ”políticas de control de precios impuestas por el Gobierno anterior“. En especial, remarcó, ”a partir de agosto “, cuando suscribió el programa Precios Justos.

A partir de ese entonces, la firma buscó, sin éxito, reactivarse. Incluso este año decidió frenar sus dos plantas para retomar su producción con las cuentas ordenadas. Eso nunca ocurrió. De hecho, los trabajadores denunciaron en varias ocasiones la falta de pago de sueldos, la imposibilidad de producir sin insumos, así como cortes de energía.

Ahora, el Juez Federico Güerri, interinamente a cargo del Juzgado Comercial 29, Secretaría 58, declaró la quiebra luego de que ningún interesado se inscribiera en el registro de salvataje previsto por la Ley de Concursos y Quiebras. Esta resolución, entonces, dispone la liquidación total de la empresa, la inhibición general de bienes, el embargo de fondos, el cierre de las plantas industriales y el impedimento de salida del país para su presidente Santiago Jesús Segovia Brun, quien deberá dar explicaciones ante el tribunal a mediados de diciembre.

ARSA no tiene relación societaria con Vicentin SAIC,lacerealera que, actualmente, está a la espera de la resolución de su cramdown con dos propuestas presentadas. Sí compartieron accionistas: fue la empresa con la que el Vicentin Family Group (VFG), el holding de quienes eran accionistas controlantes de Vicentin, canalizó en 2016 la compra de los yogures y postres de SanCor.

Hace dos años, el VFG intentó vender ARSA. Pero la Justicia Penal, en una de las múltiples causas abiertas por el default de la cerealera, le prohibió alterar su propia composición accionaria y vender activos con valor superior a los $ 50 millones en empresas sobre las que presuntamente tendría participación Vicentin o sus representantes legales.

Esto frustró su venta a un grupo de inversores locales, "impidiendo así obtener un apoyo económico y financiero que permitiera sobrellevar el impacto generado por la situación financiera de la compañía“, explicó ARSA en su presentación judicial de estos días.

Hasta que apareció Maralac como gerenciador. Hoy, el VFG conserva un 1% del capital y el 99% restante está en manos de Safsa, sigla de South American Food SA. Ese sería vehículo hasta que se pudiera efectivizar la transferencia a los venezolanos.

La actualidad de SanCor

SanCor, por su parte, atraviesa un duro momento. La semana pasada, el Juez que llevaba su concurso en la Cámara de Rafaela había convocado a acreedores de la compañía a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Y, si bien hay interesados que están dispuestos a invertir, el requisito sine qua non que ponen para efectuar el desembolso sería la quiebra de la empresa.

Según pudo saber El Cronista, ya hay inversores que se acercaron a la empresa. De hecho, algunos de los interesados que siguen de cerca la situación de SanCor prefieren que se declare la quiebra antes de invertir. Ese escenario les permitiría acceder a los activos de la compañía sin heredar su pesada estructura de deudas, juicios y pasivos acumulados.

Además, se suma que el magistrado que estaba en la causa, Guillermo Vales, ya no está a cargo del juzgado en el que SanCor tramita su concurso, sino que se hizo cargo de otro tribunal en Santa Fe capital. Entonces, a pesar de que, con el correr del tiempo, asumirá otro Juez en su lugar -ya sea otro titular o subrogante-, no se trata de una buena noticia en términos de plazos y resoluciones para la reactivación de SanCor.

La compañía está en concurso preventivo desde febrero de este año, acumula más de 300 pedidos de quiebra y una deuda de más de u$s 400 millones. En ese contexto, Vales convocó la semana pasada a los acreedores a presentar propuestas concretas para su reactivación: desde planes de explotación y gestión, hasta cualquier reorganización necesaria para volver sustentable la operación de la cooperativa y respaldar las decisiones que se adopten en el proceso.

Entonces, en el eventual caso de que se decretara la quiebra de SanCor, el escenario sería más manejable para un posible inversor, porque permitiría negociar sobre una estructura más simple: activos con menor valuación, menos conflictos abiertos y la posibilidad de relanzar la operación de la láctea sin cargar con las deudas y obligaciones que hoy traban al concurso. Respecto al personal, no hay mayores precisiones.