La detención de Jorge Castillo, el administrador de una de las tres ferias que funcionan en Ingeniero Budge, conocidas como La Salada, volvió a poner el foco en los millonarios negocios que mueve a diario el predio de Lomas de Zamora, a orillas del Riachuelo, calificado como la feria ilegal más grande del mundo por la Unión Europea. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en mayo pasado, La Salada, reunió unos 7000 puestos entre los fijos y los que se juntan en otra feria ubicada a la vera del Riachuelo. Como casi todos llegan a rotar hasta tres veces al día, estiman que habría unos 21.000 comerciantes informales trabajando en ese espacio. Ayer, algunos puesteros informaron que el costo que pagan por vender en la feria es de $ 2500 por jornada, entre alquiler de los locales que tienen una medida en general de dos por dos metros y seguridad.
En 2015, según declaraciones del propio Castillo al diario británico Financial Times, el mercado generaba ingresos por al menos u$s 20 millones en mercaderías por día, con ventas anuales cercanas a los u$s 4400 millones. En ese entonces, el predio adquirió fama global y llegó a la lista negra de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos por la gran cantidad de artículos falsificados que se vendían con marcas como Adidas y Nike.
"La Salada abastece de mercadería trucha a gran parte del país. Desde todas las provincias y ciudades salen colectivos trasladando compradores que se dirigen hacia allí. La mayoría de los manteros que se ven en las calles, las ventas de mercadería pirateada por redes sociales, en oficinas, o de casa en casa, se abastecen de La Salada", detallaron desde la CAME.
Jorge Castillo, bautizado como el Rey de La Salada, es el dueño de Punta Mogotes, uno de los tres predios que operan en la feria, el de mayor tamaño. Desde allí, en los últimos años diversificó ampliamente sus negocios, con réplicas en diferentes ciudades del país, entre ellas en la ciudad mendocina de Santa Rosa. Según la ONG La Alameda, que lucha contra el trabajo esclavo y presentó varias denuncias contra Castillo, es dueño de empresas de construcción e inmobiliarias, que incluyen un parque industrial en Marcos Paz, una financiera, dos empresas de publicidad y cuatro emprendimientos agropecuarios (Arrendamiento Agropecuario, Haras Don Manuel, Pinar Soñado y Cocalo). También señalaron su participación en el negocios de casinos y bingos, a través de la empresa Juegos del Este.
En diferentes declaraciones a este diario, Castillo explicaba que su modelo consiste en hacer más accesibles los productos que vende a través de la integración para ahorrar los costos de los intermediarios. Por ejemplo, produce harina, pan y panes dulces. "Damos trabajo a dos millones de personas directa o indirectamente", se jactó en una entrevista de 2014, donde destacó que durante el mes diciembre, el más fuerte del año, pasan por La Salada unas cinco millones de personas.
"No estamos de acuerdo con que pasen una topadora y desaparezca La Salada, pero creemos que si se blanquea todo su personal y si se registra a los que confeccionan y cortan la ropa toda esa cadena seguiría ganando un 50% de lo que gana ahora", explicaron a El Cronista desde La Alameda.
En mayo de 2015, Came se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que investiga la existencia de talleres clandestinos que proveerían de mercadería ilegal a La Salada. Ayer, la entidad afirmó que los allanamientos son un "paso positivo" para terminar con el comercio ilegal que moviliza anualmente en la Argentina más de $ 71.500 millones, y que en mayo pasado operó $ 5958 millones. Este negocio ilegal incluye unas 662 "saladitas" y 86.728 vendedores informales en todo el país. El relevamiento también advirtió sobre el incremento de los alquileres en las distintas ferias.
