A más de un año del inicio de la crisis que sacudió a algunas de las principales empresas del agro argentino, los procesos de reestructuración avanzan a distintas velocidades.
Algunas todavía negocian con sus acreedores para evitar la quiebra, otras buscan el ingreso de inversores que puedan inyectar capital y darles un respiro financiero, mientras otros grupos le piden más tiempo a la Justicia para reordenar sus pasivos.
Algunos de los nombres que generaron cierta conmoción en el mercado el año pasado por la apertura de sus concursos preventivos fueron Los Grobo Agropecuaria y su controlada Agrofina, Surcos y Celulosa. En tanto, este año lo hizo Bioceres.
El futuro de la empresa de “El rey de la soja”
Los Grobo Agropecuaria entró en concurso preventivo en febrero de 2025 tras una crisis que comenzó en diciembre de 2024 y que se fue profundizando con el tiempo.
En ese entonces, informó que no podría hacer frente a un pagaré bursátil por u$s 100.000. Al mismo tiempo, Agrofina, productora de agroinsumos que controla, defaulteó un título similar por $ 400 millones y un vencimiento de u$s 4,7 millones de obligaciones negociables.
Según explicó la empresa, confluyeron dos factores principales en la crisis. Por un lado, las condiciones macroeconómicas afectaron de forma directa su flujo de fondos. Por otro, la sequía histórica de la campaña 22/23 provocó una caída del 40% en la producción.
Desde aquel entonces, Los Grobo comenzó un proceso de reestructuración para posibilitar la continuidad del negocio y reordenar sus pasivos con sus acreedores.
Los Grobo tenía cuatro negocios: uno de molinería, otro de producción, el de originación de granos y el de distribución de insumos. De tal modo, la empresa conservó únicamente los últimos dos.
Además, el 17 de noviembre de 2025, la sociedad logró un acuerdo comercial por un año con la brasileña Amaggi para la campaña 2026 con la que proyecta escalar su producción a 700.000 toneladas y superar los 900 clientes este año.
Sin embargo, a fines de junio, la empresa del agro le pidió a la Justicia extender los plazos para llegar a un acuerdo con sus acreedores. Es que el 3 de septiembre era la fecha límite que fijó el magistrado para que la empresa presentara una propuesta de pago y consiguiera los votos necesarios que la lleve a evitar su quiebra.
De tal modo, solicitó extender la fecha hasta febrero del año próximo. El pedido, argumentó la compañía, se debe a que todavía no están dadas las condiciones para presentar un plan viable y compatible con la realidad económica y financiera actual.
“Es el primer caso que pedimos extender durante todo el proceso concursal. La razón básica es que la cantidad de acreedores y el proceso de reorganización lleva más tiempo del que nos imaginábamos. No es que el contexto este afectando el negocio, pero sí nos demora y dificulta conseguir los inversores para recomponer el patrimonio de la compañía y hacer frente al concurso”, dijo en ese entonces la empresa a El Cronista.
La empresa explicó que Victoria Capital Partner, el fondo de private equity que posee el 90% de la compañía, todavía analiza con potenciales inversores la estructura que tendrá la recapitalización, que podría incluir el ingreso de un socio estratégico, de un inversor financiero o una combinación de ambos. Ahora, la Justicia le dio el visto bueno y aceptó extender hasta febrero el periodo de exclusividad.
La productora de fitosanitarios
Surcos también se sumó a la lista de empresas que solicitaron la apertura de su concurso preventivo, en febrero de 2025.
La firma atravesaba una complicada situación financiera desde fines de 2024, consecuencia de la caída en la demanda del mercado local de defensivos agrícolas.
En aquel entonces, su deuda superaba los u$s 60 millones. De hecho, durante su ejercicio 2024 la empresa enfrentó una fuerte contracción en su actividad.
Las ventas netas disminuyeron 24% interanual resultado de la baja de la demanda de insumos agropecuarios que la firma atribuyó a la sequía histórica, crisis del sector y cambios en la conducta de compra de los productores agropecuarios.
“El agro sufrió rindes excepcionalmente bajos en la campaña 2022/23, reduciendo las compras de fitosanitarios. A su vez, los precios internacionales de herbicidas como el glifosato bajaron desde picos previos, erosionando ingresos”, estableció en el informe general que presentó la empresa ante la Justicia.
Finalmente, a fines de noviembre de ese año, la sociedad incurrió formalmente en cesación de pagos al no poder afrontar un pagaré bursátil de u$s 500.000, según notificó a la CNV. Esto desencadenó el default cruzado y la imposibilidad de renovar vencimientos en diciembre, precipitando la apertura del concurso preventivo.
Actualmente, la empresa mantiene una deuda verificada de $ 27.971,3 millones, u$s 51,4 millones y 5303 euros.
Recientemente, el 3 de junio, la Justicia aprobó la solicitud de la empresa de prorrogar el periodo de exclusividad por 60 días, con vencimiento el 22 de octubre de este año, para que Surcos negocie con sus acreedores y llegue a un acuerdo que la lleve a evitar la quiebra.
En quiebra y en batalla accionaria
La situación de Bioceres es más compleja. La firma, fundada en 2001 por un grupo de productores locales entre los que se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, se convirtió en una de las empresas más relevantes del agro argentino. Hoy, su situación dista mucho de la firma que llegó a ser 20 años atrás.
Actualmente, la empresa está envuelta en una batalla accionaria que tiene su origen en su estructura societaria. La disputa es principalmente entre dos figuras: el empresario y exsenador uruguayo Juan Sartori, fundador de Union Group que es, a la vez, el principal accionista de Moolec, la empresa controlante de Bioceres S.A. -hoy en quiebra-; y Federico Trucco, quien se desempeñó como CEO de esta última hasta diciembre del año pasado y es actualmente el ejecutivo al frente de BIOX.
En el último tiempo, la empresa fue incorporando nuevas sociedades y reorganizó su estructura internacional. Así, en la cima se encontraba Bioceres Group Limited, radicada en el Reino Unido, que controlaba tanto a Bioceres S.A. en la Argentina como a Bioceres LLC en los Estados Unidos.
A partir de esta última surgió Bioceres Crop Solutions (BIOX), la firma que concentra buena parte de los activos operativos del grupo y que tiene entre sus desarrollos más conocidos al trigo HB4, resistente a la sequía. En 2019, BIOX llegó a Wall Street mediante una fusión con Union Acquisition Corporation, una SPAC fundada por Sartori.
Puntualmente, fue el 16 de junio de 2025 que se avanzó en la reestructuración societaria mediante un acuerdo entre Moolec Science y Bioceres Group Limited. En este movimiento, Moolec pasó a estar por encima de todo el entramado societario y se convirtió en la nueva controlante del grupo y dueña de Bioceres S.A.. Ahora bien, el principal accionista de Moolec es Union Group, el vehículo de inversión también fundado por el uruguayo.
La situación de la empresa comenzó a deteriorarse en junio de 2025, cuando Bioceres S.A. incumplió vencimientos de pagarés bursátiles por u$s 5,31 millones en medio de un contexto adverso para el sector agropecuario. Meses después, en enero de este año, la compañía solicitó la apertura de su concurso preventivo con un pasivo superior a los u$s 39 millones.
La crisis financiera terminó escalando en marzo de este año, cuando la Justicia de Santa Fe decretó su quiebra tras reconocer su estado de cesación de pagos y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros, dando lugar al pedido de quiebra que había planteado la propia empresa.
Hoy lo que está en discusión es el futuro de las compañías que surgieron del ecosistema Bioceres. Mientras Bioceres S.A. transita la quiebra, BIOX intenta sostener su actividad en medio de dificultades financieras y una fuerte caída de su valor bursátil. El 2 de febrero, sus acciones en Wall Street perforaron el umbral de u$s 1 por acción, mientras que un año antes habían llegado a cotizar cerca de u$s 6,55, lo que representa una caída cercana al 90%.
Por su parte, Rizobacter, considerada uno de los activos más valiosos de BIOX y del conglomerado, también atraviesa un proceso de reestructuración. La empresa tuvo que salir a reperfilar deuda, primero por u$s 3,8 millones y luego por otros u$s 42 millones, para extender los plazos de vencimiento de sus obligaciones negociables.
Ahora, Bioceres S.A. enfrenta un nuevo conflicto. En junio AIR S.R.L., empresa tecnológica propiedad de Sergio Airoldi, denunció penalmente al directorio y a la sociedad por presuntas maniobras de estafa, administración fraudulenta, lavado de activos e insolvencia fraudulenta.
La denuncia, presentada ante la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), recae sobre Trucco, los directores Marcelo Adolfo Carrique (presidente), Aimar Dimo (vicepresidente), Gloria Montarón Estrada -exdirectora denunciada a su vez por BIOX- entre otras figuras. También está denunciada Bioceres S.A. como persona jurídica.
La principal papelera del país
A pocos días de su cambio de dueños, la Justicia de Santa Fe declaró la apertura del concurso preventivo de Celulosa Argentina, en septiembre del año pasado.
La empresa atravesaba un delicado momento económico desde 2024. Entre las causas que enumeró acerca de su crítica situación, destacó una demanda local extremadamente débil en los sectores de la economía vinculados al consumo, a la vez que resaltó que la compañía sufrió una significativa caída en sus ventas.
Sumó, además, que los costos de la operación “aumentaron en forma significativa, en especial si se miden en dólares, y no han podido ser trasladados a precios debido a la falta de demanda y a la amenaza de la importación”.
La apertura del concurso preventivo de Celulosa se dio solo 7 días después de que la compañía fuera adquirida por el financista Esteban Nofal por el valor simbólico de u$s 1 dólar.
Nofal adquirió 452,6 millones de acciones clase B de la empresa -equivalentes al 4,48% del capital- a Douglas Lee Albrecht, José Manuel Urtubey y Juan Manuel Collado. Además, compró el 100% de las participaciones de Tapebicua Cayman Limited. Con esta operación, el empresario pasó a controlar aproximadamente el 45,5% del capital social y de los votos de la compañía.
De tal modo, y para reactivar a Celulosa Argentina, comprometió una inyección de u$s 18 millones, de los cuales ya desembolsó u$s 15 millones. Así, entre octubre y noviembre de 2025 volvieron a entrar en funcionamiento las unidades productivas de Capitán Bermúdez y Zárate, luego de haber estado aproximadamente tres meses inactivas.
Sin embargo, la mejora operativa no se tradujo en sus resultados financieros. Según el comunicado que presentó ante la CNV en abril de este año, durante los últimos 9 meses (finalizado el 28 de febrero), la empresa registró pérdidas por $ 99.629 millones. El monto casi duplica los $ 51.486 millones en rojo que tuvo la empresa en el mismo periodo del ejercicio anterior.
En tal sentido, según informó, los ingresos por actividades de la firma disminuyeron un 60%, mientras que los costos de ventas lo hicieron en un 43% “como consecuencia de la inelasticidad de la mayor parte de los costos fijos de las plantas industriales”, apuntó.
En paralelo, su controlada Forestadora Tapebicuá, también concursada, registró una facturación de $ 3436 millones frente a los $ 19.704 millones del ejercicio anterior, una caída del orden del 83%. Esto se debe a que la firma se encuentra con sus operaciones paralizadas desde agosto de 2025. Desde entonces, solo se vendieron productos en stock.